1:32 pm. Viernes 19 de Mayo de 2017
Opinión
1:32 pm. Viernes 19 de Mayo de 2017

A través de la decisión adoptada por la Corte Constitucional se le puso freno al fast track, mecanismo que se utiliza para implementar de manera “rápida” y “eficaz” los acuerdos finales de paz alcanzados en la Habana, declarando la inconstitucionalidad de los literales “h” y “j” del Acto legislativo 001 del 2016, argumentando que violentaban el principio de separación de poderes.

Los literales “h” y “j” del Acto legislativo 001 del 2016, hacían referencia al aval que debía otorgar el Gobierno nacional para la aprobación o modificación de las leyes y actos legislativos con contenido de los acuerdos finales de paz, y a la obligación impuesta a los legisladores para votar en bloque las leyes presentadas por el Gobierno nacional en materia de los acuerdos finales de paz.

La decisión de la Corte Constitucional surge de la demanda presentada por el Senador del Centro Democrático Iván Duque. La resolución judicial se fundamentó en la violación de la separación de poderes, toda vez que se limitaba la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso de la República.

¿Qué se viene ahora?

La declaración de inconstitucionalidad de los enunciados literales, complica el panorama de adopción e implementación del acuerdo final de paz, toda vez que obliga al órgano legislativo a deliberar cada una de las leyes, artículo por artículo y si existe alguna discrepancia entre alguno de estos debe ser sometido a debate en el mismo órgano, lo que conlleva a una extensión innecesaria de tiempo para expedir las leyes necesarias para la implementación de lo acordado.

Lo preocupante frente al “nuevo fast track” es que los tiempos de deliberación se ampliarán generando un incumplimiento del plazo acordado que fue de seis meses, prorrogables por seis más, pero que sin duda alguna serán insignificantes frente a la masa de leyes que se deben proferir y al trámite legislativo que se deben someter.

Dentro de toda esta penumbra, debe destacarse que el fast track aún sigue vigente, es constitucional, la decisión adoptada por parte de la Corte Constitucional solo afecta a los literales “h” y “j” del Acto legislativo 001 del 2016, por ende el resto del articulado tiene fuerza normativa.

Los efectos de la sentencia serán a futuro para las leyes y actos legislativos que se expidan desde la publicación de la sentencia. Es decir que los proyectos de ley y actos legislativos, como la Ley de Amnistías y el Acto legislativo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, quedan vigentes y gozan de todo el soporte jurídico para su desarrollo.

¿Qué preocupa?

La primera preocupación son los términos de vigencia del fast track, teniendo en cuenta que con los 6 meses establecidos para implementar estos acuerdos no será suficiente, ni así lo será con la prórroga de los otros 6 meses, por lo que se debe adoptar una medida adecuada para extender el tiempo de este mecanismo.

Salta una segunda preocupación y es la adopción de la Ley estatutaria de la Justicia especial para la paz o justicia transicional, teniendo en cuenta su categoría estatutaria incluye 4 debates dentro de una misma legislatura, acompañado que estos debates generarán por su contenido un alto conflicto al interior del órgano legislativo, lo que hará que sea compleja su respectiva aprobación.

Se complicó el camino de la implementación de los acuerdos de paz, pero la vía para su debida ejecución sigue vigente.

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