Víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia exigieron este miércoles que el general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército, sea expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al tiempo que hicieron un mural con los rostros de militares presuntamente implicados en esos crímenes.

Las víctimas también pidieron la expulsión del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien se sometió a la JEP en junio de 2017 y obtuvo su libertad transitoria y condicionada después de ser acusado de conformar un grupo especial responsable de 18 homicidios presentados como bajas en combate.

"Hoy estamos (...) exigiendo que se excluya a los dos militares que están compareciendo en la JEP. Estos militares concuerdan con la política negacionista del Estado y además de eso han hecho una política y un pacto de silencio que ha impedido conocer la verdad", dijo a Efe la secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), Diana Salamanca.

Frente a la sede de la JEP en Bogotá, donde presentaron el mural con la imagen de varios miembros del Ejército bajo la pregunta "¿Quién dio la orden?", Salamanca reclamó que la sociedad colombiana necesita saber quiénes son los responsables "de las más de 5.763 ejecuciones extrajudiciales", llamadas "falsos positivos".

La Fiscalía colombiana investiga cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" cometidos entre 1998 y 2014, mediante los cuales militares asesinaban a civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para obtener reconocimientos de sus superiores.

Incumplimiento con la justicia

El Movice y otras organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron ante la JEP dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento, figura que contempla la Ley Estatutaria del tribunal cuando los agentes estatales que se han sometido a esa jurisdicción para obtener beneficios a cambio de verdad no cumplen a cabalidad con este propósito.

El general retirado Montoya se acogió a la JEP en octubre de 2018 en un proceso que incluye 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General, casos que fueron remitidos a la justicia transicional y que al parecer fueron cometidos bajo su mando cuando era comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.

Según las organizaciones, en su comparecencia Montoya no solo hizo "afirmaciones discriminatorias culpando a la tropa de haber cometido estos asesinatos por ignorancia o ausencia de juicio moral" sino que además "incurrió en un fraude a la verdad al expresar que no tuvo conocimiento de la existencia de ejecuciones extrajudiciales durante el ejercicio de su mando".

"Estoy aquí para intervenir el muro, para recordar que esto no se debe olvidar, que estos asesinos tienen que pagar por lo que hicieron. Las Madres de Soacha están presentes aquí con este mural diciendo 'nuestros hijos están vivos'", explicó a Efe Javier Saavedra, otro manifestante.

Las Madres de Soacha es una organización creada en esa localidad del sur de Bogotá de donde procedían muchos de los jóvenes que fueron víctimas de los "falsos positivos".

Sin aportar a la verdad

Según las organizaciones, el coronel retirado Mejía, quien ha comparecido tres veces en versiones voluntarias ante la JEP, ha insistido en no reconocer los hechos pese a ser mencionado y haber sido vinculado a los homicidios.

"Tampoco han realizado un relato que contribuya al esclarecimiento del fenómeno generalizado de los mal llamados 'falso positivos' ni a las circunstancias en que ocurrieron", subrayó el Movice.

Este movimiento insiste en que Mejía, que fue comandante de Batallón La Popa, con sede en Valledupar (norte) "ha posado como víctima de un montaje político y judicial (...) del cual culpa a la Revista Semana por la publicación de un reportaje denominado 'De héroe a villano' que documentó las relaciones del alto oficial con grupos paramilitares en el Cesar".

En septiembre de 2013, Mejía fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por vínculos con el paramilitarismo, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en marzo de 2019, pero reducida a 14 años y dos meses de prisión, y la JEP le concedió libertad condicional.

"Esta intervención la hacemos en nombre de todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, solicitando como siempre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo hacemos porque consideramos que hay militares en la JEP que no están cumpliendo con su compromiso de esclarecer la verdad respecto de lo que pasó", dijo a Efe Natalia Herrera, abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro.

EFE