El exlíder de las FARC Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", no se presentó este miércoles ante la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para entregar su versión sobre los secuestros perpetrados por ese grupo alegando que su vida y la de su familia presuntamente "corren peligro".

El abogado del excombatiente "sustentó una solicitud de cambio de fecha de la versión, argumentando que su apoderado no pudo asistir porque corren peligro su vida y la de su familia por amenazas de grupos armados, disidencias de las FARC y delincuencia común", indicó la JEP.

En el documento que entregó el letrado durante la audiencia señaló que, en comunicación sostenida con Castellanos Garzón, este le expuso la inseguridad jurídica de los excombatientes por las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

No obstante, "Romaña" reiteró su compromiso con la dejación de armas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Gobierno colombiano y las FARC.

En consecuencia, la Sala de Reconocimiento de la JEP indicó hoy que "estudiará la solicitud de cambio de fecha y pedirá informes a las autoridades sobre las condiciones de seguridad del compareciente para tomar una decisión".

"Romaña" fue uno de los guerrilleros más temidos y autor en los años 90 de los secuestros masivos en las carreteras colombianas conocidos como "pescas milagrosas".

La JEP ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor Central de la exguerrilla rendir versión en el marco del caso 001, "Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP", conocido como el de secuestro.

A la fecha, para contar su parte de la historia sobre los secuestros han acudido ocho exlíderes de las FARC, entre los que figuran su máximo jefe, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko".

El pasado 10 de marzo el presidente colombiano, Iván Duque, anunció que devolverá al Congreso la ley estatutaria de la JEP tras objetar seis artículos de dicha norma por considerar que no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo firmado.

La citada ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.

EFE