Las revelaciones "nauseabundas" del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el pasado jueves 21 de junio, terminaron escandalizando al país como lo había advertido, en medio de elecciones presidenciales, semanas atrás. 

Barranquilla se convirtió en el foco de atención de este entramado de corrupción electoral, a cargo de una "empresa criminal", según dijo el Fiscal, liderada por la senadora electa Aida Merlano, quien ya se encuentra en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Sin lugar a dudas, el caso de Merlano, marcó un antes y un después en la historia electoral de nuestro país. Un total de 50 investigadores participaron en la investigación que busca desmantelar por completo a una “banda criminal”.

Tope presupuestal superado, utilización de más de 2 mil líderes para la compra de votos, códigos bidimensionales, certificados electorales, transportes, adelantos de pagos, financiación pública y privada, reflejan lo que se movió alrededor de esta organización corrupta, con muchos implicados y con varias fases de investigación.

"Se estaba proyectando en el tiempo esta organización criminal porque sus gestores decían que para la próxima campaña todo iría a estar mejor porque iban a trabajar con mejores sistemas", indicó el Fiscal.

Agregó que la empresa criminal arrendó 187 terrazas en el departamento del Atlántico antes de que los votantes acudieran a las urnas, el pasado 11 de marzo. "A esos sitios debían volver las personas con el certificado electoral para que se efectuara el pago a los líderes y posteriormente, a los votantes". 

En pocas palabras, esta historia no lleva ni la mitad de capturados y muchos personajes conocidos saldrán salpicados. Pero ¿Quiénes faltan por salir a luz pública?

Fase 1

El caso de la representante del partido Conservador revolucionó el país, desde el momento que fue allanado su comando político, denominado como la ‘Casa Blanca’, ubicada en la calle 81B con carrera 68, barrio El Golf, en el norte de Barranquilla.

La operación se realizó media hora después de haber terminado las elecciones al Congreso de la República, el pasado 11 de marzo. Este allanamiento, que derivó en cinco capturas y la incautación de $261 millones de pesos, armas de fuego y certificados electorales, dio el inicio de las fases de investigación en este caso.

Después de las capturas y dos audiencias, un juez de control de garantías decidió cobijar el pasado 15 de marzo, con detención domiciliaria a cuatro de los cinco capturados tras el allanamiento realizado al comando político, por los delitos de corrupción al sufragante y porte ilegal de armas. 

Entre los cobijados por la medida estaba la hermana de la senadora electa, Vanessa Victoria Merlano Rebolledo.

Luego de esto, la senadora electa Aida Merlano, se entregó el lunes 9 de abril a la Fiscalía, en Bogotá. Diez días después, la Corte Suprema de Justicia la envió a la cárcel El Buen Pastor, gracias a la declaración de Francisco Rafael Palencia Borrero, el testigo clave que la terminó de hundir.

“En el curso de las dos últimas semanas, hemos hecho dos nuevas imputaciones a dos personas vinculadas en este proceso, los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez”, recordó el Fiscal, el pasado jueves.

Los hermanos Jiménez fueron enviados a la cárcel, el pasado 26 de mayo, después de que el Fiscal 37 Anticorrupción de Bogotá les imputó a los hermanos delitos como fraude procesal, corrupción al sufragante y concierto para delinquir.

Fase 2

La esperada y criticada declaración del Fiscal, hace pocos días, por su demora en hacerlo, dio el inicio de fase 2 del caso Aida Merlano.

Entre los implicados, según informó el Fiscal, están la candidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás; los diputados conservadores Margarita Balen y Jorge Rangel; los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, y los exconcejales Aissar Castro Reyes (Barranquilla) y Vicente Támara (Soledad).

Esta fase sería completada con la audiencia de imputación de cargos, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio, en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla en contra de los mencionados, por los delitos concierto para delinquir y corrupción al sufragante, en concurso homogéneo y sucesivo.  

Posteriormente, serán imputados por los cargos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, los primeros 20 líderes, que vendieron los paquetes a los votantes y "actuaron como profesionales". La fecha será determinada por el Centro de Servicios.

También serán llevados a audiencias 6 empleados del comando político de la exrepresentante a la Cámara Aída Merlano, diferentes a los 5 que ya fueron capturados, en la fase 1.

Financiación de la campaña revelada en la fase 2

El Fiscal reveló, sin tapujos y eufemismos, que la campaña de la candidata Aida Merlano, con la ayuda de la “empresa de corrupción electoral”, contó con dos fuentes de financiación, una pública y otra privada.

En la primera fuente de financiación, nombró de manera generalizada, al Concejo de Barranquilla, a través de OPS (órdenes de prestación de servicios).

Agregó que las personas que operaban la empresa criminal en la ‘Casa Blanca’, "al propio tiempo tenían contratos con el Concejo de Barranquilla". "Manicuristas y funcionarios de otros oficios, que han dado lugar a una compulsa de copias contra la administración pública", contó el Fiscal.

Uno de ellos fue Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado en marzo pasado, que cobró veintiún cheques que superaron los mil millones de pesos. 

Otro particular, por ejemplo, señaló el Fiscal Martínez, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los 500 millones de pesos. "Esto era la danza de los millones", puntualizó. 

"Dada la magnitud de las sumas, estas eran depositadas en lugares estratégicos de la 'Casa Blanca' y hasta en la propia bañera", agregó.

En cuanto a la fuente privada, informó que identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal.

Respecto al tope presupuestal de la campaña electoral de Merlano, el Fiscal fue claro en recordar que el monto máximo para gastos de un candidato es de $900 millones, pero en el caso de la mencionada, fueron superados los $6 mil millones.

Añadió que el fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, "por su presunta participación en esta organización criminal y en el financiamiento espurio electoral del que se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación".

El papel del Concejo distrital

El Concejo de Barranquilla quedó en el ojo del huracán después de las últimas revelaciones.

Los dos concejales involucrados con esta organización criminal, Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo, ambos del Partido Conservador, el mismo representado por Aida Merlano, no asistieron a la sesión de la corporación, el pasado jueves, día en el que el Fiscal realizó su declaración.

El presidente del Concejo de Barranquilla, Óscar David Galán, criticó la manera en la que el Fiscal señaló a la institución como fuente de financiación pública de la organización de corrupción electoral.

"En Colombia, en materia de responsabilidad penal, son individuales y no pueden hacerse señalamientos a la institución. Cualquier institución puede tener miembros que incurran en delitos, pero no se puede señalar a la institución", expresó a Atlántico en Noticias.

Reveló que, en el mes de abril, la Fiscalía les solicitó información sobre Juan Carlos Zamora y Aissar Castro, y sus unidades de apoyo. "Le hemos entregado toda la información que pertenece a esas personas", agregó.

Sobre los montos de los contratos que mencionó el Fiscal en su declaración, Galán afirmó que los concejales tienen asesores “a los cuales les encomiendan tareas” y que en el Concejo “no se contrata a una persona por esos montos”.

Lo que sí está claro, es que las órdenes de prestación de servicios o contratos, incluido el de manicuristas, no fueron avalados y firmados bajo el mandato de Óscar David Galán.

Esto, viene de meses atrás o incluso años, por lo que cabe recordar, que antes del actual presidente estuvo a cargo del Concejo, José Cadena, en 2017; Juan Carlos Ospino, en 2016 y Carlos Rojano Llinas, en 2015. Este último, una persona muy cercana a Aida Merlano, en su momento.

Los dos concejales involucrados, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, no han dado la cara ante la prensa. Solo lo hizo Aissar Castro Reyes, papá del primero y exconcejal de Barranquilla.

Cuando al exconcejal se le preguntó sobre el por qué apareció en los computadores de Aida Merlano, respondió: "Esa pregunta le corresponde responderla a la doctora Aida Merlano. Tengo entendido que en su sede política aparecen nuestros nombres. Para nadie es nuestro secreto que nosotros sí apoyamos su proceso y su candidatura, pero en un trabajo eminentemente social en los barrios de Barranquilla".

Castro Bravo negó que haya recibido los 459 millones de pesos a los que se hacen mención como pago de un 70 por ciento de 16.197 votos que le aportaba a Merlano, según un documento de la Fiscalía. “En mi vida nunca he tenido una cantidad de dinero como la que aparece en los medios de comunicación. Si hablamos en la lista en que he aparecido, nunca hemos manejado recursos alguno”, señaló. 

Fase 3

No obstante, este tema pica y se extiende. A parte del espectáculo nacional que generará ver a estos mencionados acudir el próximo 30 de julio, al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, el Fiscal indicó que las investigaciones siguen y más protagonistas caerán, es decir, falta la fase 3.

"No es la última fase porque hay más dirigentes políticos comprometidos y más intermediarios", reveló el Fiscal, este jueves, sobre la etapa 2 de este caso.

Curiosamente, cuando el Fiscal Martínez, empezó a emitir sus primeras declaraciones sobre la investigación en contra de Aida Merlano, se conoció un listado, con varios apellidos ocultos para no entorpecer el proceso, de los dirigentes políticos que ayudaron a la mencionada a ser elegida senadora.

En esa lista quedó establecido los montos que fueron pagados por listado de votantes, transporte y bonificaciones adicionales, a los líderes o más bien ‘caciques' de la campaña de Merlano.

De esa lista, se puede contabilizar 21 nombres, aunque uno con una sola letra, pero con su respectiva tabulación. A estos ‘caciques’, la campaña le entregó un total de $4.138.565.000, más de la mitad de lo que se habría gastado Merlano, los cuales fueron $6.171.145.000.

El resto de personas que aparecen en esta lista ¿Serán los siguientes en caer en la organización criminal de corrupción electoral en Barranquilla? ¿Son los nuevos apuntados en la fase 3?

La siguiente etapa dará inicio a partir del 30 de julio, cuando sean imputados: la candidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinas; los diputados conservadores del Atlántico Margarita Balén y Jorge Rangel; los concejales distritales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro, y los exconcejales Aissar Castro, este por Barranquilla, y Vicente Támara, este por Soledad.

La audiencia a estos mencionados, el próximo 30 de julio, revelará más detalles de la investigación en contra de la “banda criminal” para comprar votos, que lideraba la senadora electa Aida Merlano.