La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.

El caso tiene que ver con una advertencia que no acató de ese organismo de control.  

La sanción está relacionada con un proceso de licitación del operador del acueducto de la ciudad, luego de que el organismo advirtiera en varias oportunidades fallas en el convenio.

Por estos mismos hechos son investigados el secretario de Infraestructura, Óscar Junco Rodríguez Pérez, el director de servicios públicos de la Alcaldía, Ronal Pérez Ojeda, el director de la oficina de contratación y el tesorero, Eder Moscote Roys.   

Se conoció que la Procuraduría General de la Nación les hizo varias observaciones al alcalde de Riohacha, sobre la adjudicación del contrato en el que entrega por 30 años la administración de sistema de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad a la empresa Aqualia.

También trascendió que el alcalde no ha sido notificado de la decisión y con base al fallo, le corresponde al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, designar a una persona encargada mientras el Partido Liberal escoge la terna para su reemplazo.

 Sin embargo, un funcionario de la Procuraduría Regional de La Guajira fue a notificar al alcalde y no lo encontró en su despacho porque supuestamente está de vacaciones.

La empresa Aqualia reemplazará a Asaa, que venía administrando el sistema de acueducto desde el 2013 y a su vez, había reemplazado a la empresa Aguas de La Guajira.

Esta noticia ha generado preocupación entre los ciudadanos, porque son varios los escándalos de presunta corrupción que se han registrado en los últimos años en la región.