La Procuraduría General de la Nación absolvió este miércoles al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, de la denuncia del expresidente Álvaro Uribe, quien lo acusó de visitar cárceles con el fin de buscar falsos testigos.

El Ministerio Público también declaró no probado el cargo endilgado al senador Cepeda “por investigar y recepcionar testimonios que no estarían entre sus funciones de Representante a la Cámara”.

Con este fallo el Ministerio Público ratifica la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de este año en la que profirió resolución inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda.

Además, la sentencia de la Procuraduría confirma que todas las actuaciones adelantadas por el senador Cepeda se hicieron dentro del marco legal en cumplimiento de sus funciones como congresista.

La denuncia radicada en 2013 por el expresidente Uribe, a través de su abogado Jaime Granados, quedó sin efecto penal ni disciplinario, ya que terminó careciendo de fundamento.

Según el expresidente, Cepeda realizaba visitas a la cárcel de Itagüi con el fin de comprar y presionar testigos para que declararan en su contra y de su hermano Santiago Uribe, quien actualmente enfrenta un juicio por el presunto delito de homicidio agravado y por la presunta participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apostoles”.

En concreto, el expresidente solicitó que se escucharan los testimonios de dos paramilitares condenados, Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, a quienes supuestamente el senador del Polo habría ofrecido algunos beneficios.

De acuerdo con el ente de control, en declaración rendida por los testigos Henao Aguilar y Muñoz Ramírez, sus argumentos “resultaron contradictorios entre lo dicho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos (Pág 13). Henao desmiente las declaraciones de Muñoz (…) acorde con el análisis de los testigos este Despacho infiere que ninguno de los dos asienta en grado de certeza lo ocurrido con el Representante a la Cámara; a esta misma conclusión llegó la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el auto de febrero 16 de 2018 (Pág. 15)”.

El fallo concluye que, con respecto a lo referido y las pruebas analizadas, Iván Cepeda, en su condición de Representante a la Cámara, no ofreció beneficios a cambio de entrevistas contrarias a la verdad, “si bien es cierto (…) asistió a la cárcel de los internos, esto correspondió a la labor de control político (…), así como, con la labor humanitaria que la Cámara de Representantes realizó (pág.16)”.