El ministro de Justicia, Néstor Osuna, garantizó que el Gobierno retirará el polémico artículo 167 en el borrador de Política Criminal, que planteaba que los medios escritos, radiales y de televisión, debían por obligación hacer una campaña para sensibilizar a los colombianos acerca de la política criminal y la justicia restaurativa.

Los artículos o piezas comunicativas, deberían ser del corresponsal, pero aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal.

El artículo causó revuelo entre algunos medios que consideraban una manipulación del gobierno el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa.

Sin embargo, Osuna aseguró que el espíritu de la iniciativa buscaba sensibilizar a los colombianos en cuanto a la humanización de la política penal y penitenciaria; y sostuvo que la ley de estupefacientes cuenta con un artículo muy parecido.

“Dentro de eso, ciertamente, incluimos en un borrador ese artículo que ha suscitado incomodidades y que por supuesto corregiremos", comunicó el funcionario.

“La ley 30 de 1986, del gobierno de Virgilio Barco, que es la ley de estupefacientes, contiene un artículo muy parecido. Dice que los medios escritos, televisión, radio, de comunicación, tienen la obligación de hacer campañas para evitar el narcotráfico y prevenir el consumo y la drogadicción y que los contenidos, o los pueden tomar, de los medios que haga el Gobierno o los puede hacer el propio medio de comunicación, pero que en ese caso requiere la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Eso está vigente al día de hoy", subrayó el Ministro.

El artículo que no va a ser tenido en cuenta ahora decía: "A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos".