Los señalamientos hechos por Daysuris del Carmen Vásquez contra su expareja Nicolás Petro Burgos, en torno a millonarias sumas de dinero que habría recibido para financiar la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro y que aparentemente no fueron registrados como tales, desató una tormenta política en el país.

Todo ello por las posibles implicaciones políticas, penales y electorales que pudiera tener el tema directamente con la campaña de Petro a la Presidencia y los efectos colaterales para el mandatario en ejercicio.

Adicionalmente, las mismas consecuencias para el actual Diputado y primer vicepresidente de la Asamblea del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, así como la campaña a la Gobernación en la que viene impulsando a su candidato Máximo Noriega Rodriguez.

El hecho es que las denuncias hechas por Day Vásquez son de la mayor gravedad del caso, al punto que analistas políticos comparan esta situación con el nefasto Proceso 8000 que involucró al entonces Presidente Ernesto Samper Pizano con dineros que a su campaña aportó el Cartel de Cali.

Day Vásquez alborotó el avispero político nacional en la entrevista que concedió a Vicky Dávila, para la revista Semana, en la cual aseguró que Nicolás Petro Burgos, su expareja, habría recibido $600 millones de parte de Samuel Santander Lopesierra (conocido como ‘El hombre Marlboro’) y otros $400 millones de Alfonso ‘El turco’ Hilsaca, para financiar la campaña Petro Presidente.

Ambos personajes señalados por Day Vazquez registran pasados judiciales. Incluso, Lopesierra fue extraditado a Estados Unidos y condenado por los delitos de narcotráfico y conspiración.

También fue señalado por la justicia estadounidense de estar asociado por Jesús Sarria y Elizabeth Montoya, conocida como ‘La monita retrechera’, quienes figuraron en el caso del Proceso 8000 como aportantes de 500 mil dólares para la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano.

En su entrevista para Semana, Day Vásquez indicó, además, que Nicolas Petro también habría recibido dineros de empresarios de Cúcuta y hasta una camioneta Tahoe de un mega contratista del Meta.

Los señalamientos de Day Vásquez también salpican la actual campaña para la Gobernación del Atlántico.

En ese sentido aseguró que los dineros eran entregados a Máximo Noriega Rodríguez, todo en efectivo, que Nicolás guardaba en una caja fuerte que tenía en su casa, con el aparente objetivo de comprar una casa en villa Campestre por $1.600 millones, para la que alcanzaron a pagar $793 millones a través de un tercero.

Sin embargo, poco después el negocio se deshizo, el dinero fue devuelto y Day Vásquez lo depositó en un CDT.

Day Vásquez se mostró extrañada porque después de la campaña presidencial asegura que le siguieron pidiendo dinero a Samuel Santander Lopesierra y hasta una cabaña prestada, quizás, en su concepto, con claros compromisos políticos de otorgarle un aval para su candidatura a la Alcaldía de Maicao, tras desistir su aspiración a la Gobernación de La Guajira.

Sobre este hecho reiteró que los dineros exigidos a Samuel Santander Lopesierra, estarían destinados directamente a Máximo Noriega.

Los hechos relatados por Day Vásquez motivaron la rápida intervención de los entes de control, al tiempo que Nicolás Petro sostiene que no conoce ni ha tenido vínculos con Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez ni Alfonso 'El Turco’ Hilsaca’.

"No he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente", expresó a través de un comunicado.

No obstante, en esta situación también entró en escena una hija de Lopesierra, quien le manifiesta a Day Vásquez la manera como le han seguido pidiendo dinero a su padre para ser entregado a Máximo Noriega.

Por su parte, Máximo Noriega le exigió a Day Vásquez una retractación y rectificación de todo lo que ha venido afirmando.

No es la primera vez que Nicolás Petro se encuentra envuelto en una situación de esta.

Cuando su padre, Gustavo Petro, fue Alcalde de Bogotá, también estuvo en la mira de los entes de control por presuntas irregularidades de unos contratos realizados por el Distrito Capital.

Concretamente, los hechos se relacionaban con la prórroga del Sistema Integrado de Movilidad, en lo cual también estarían presuntamente implicados el exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez y la exsecretaria general, Susana Muhamad quien se desempeña actualmente como Ministra de Ambiente.

Este panorama bastante oscuro para quienes pregonan luchar contra la corrupción y terminan enredados con presuntos hechos de corrupción, abre interrogantes sobre el papel que juegan familiares cercanos y allegados a quienes ostentan altos cargos en el poder público.

En el caso actual, ante la opinión pública debería clarificarse el papel que han jugado (o juegan) el hijo del Presidente Gustavo Petro (Nicolás Petro Burgo), su hermano (Juan Fernando Petro) y otros familiares, tanto en la campaña como ahora en el Gobierno.

Además de clarificar otros aspectos como, por ejemplo, la financiación de campañas como la de Máximo Noriega Rodríguez, impulsada por el propio Nicolás Petro Burgos.

Con estos graves hechos valdría la pena que también explicaran en qué quedó la trillada frase “las mafias políticas que manejan a Barranquilla y el Atlántico”, con la que siempre han pretendido estigmatizar a este departamento.

Sería lo más sano y conveniente para un país que aspira y espera que quienes predican la anticorrupción, practiquen la anticorrupción.

Adicionalmente, para que el propio Presidente Petro pueda tener gobernabilidad, en medio de tanto escándalos y de las controvertidas reformas que ha propuestos a los sistema de salud, laboral y pensional.