La situación del exjefe guerrillero Seuxis Hernández, alias 'Jesús Santrich', recluido en una de las sedes de la Conferencia Episcopal, tiene enfrentadas a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial para la Paz. 

El cruce de posturas inició la mañana de este jueves cuando la Fiscal, Néstor Humberto Martínez, le pidió a la Corte Constitucional definir la competencia en este caso, argumentando que la Fiscalía debe tomar las decisiones en cuanto a la libertad del exguerrillero. 

El Fiscal indicó que la JEP se extralimita en el desarrollo de sus funciones constitucionalmente y se encarga de otras que le corresponden a la justicia ordinaria, en este caso, la Fiscalía General de la Nación. 

Néstor Humberto Martínez hace referencia a la decisión que tomó la JEP de suspender el trámite de extradición de 'Jesús Santrich', el pasado 17 de mayo, sin que los Estados Unidos haya formalizado dicha solicitud por el delito de narcotráfico. 

En su momento, el Fiscal calificó esta suspensión como un ataque a la defensa constitucional, por lo que pidió a la Procuraduría General de la Nación pedir la revocatoria de esta decisión tomada por la Jurisdicción. 

No obstante, además de la famosa suspensión, se conoció después de la declaración de Néstor Humberto Martínez, que la defensa de 'Santrich' solicitó la libertad condicional para el exjefe guerrillero, petición que está siendo estudiada por la JEP. 

La misma presidenta de la Jurisdicción confirmó que la solicitud está en fase de estudio y ante las presiones del Fiscal, afirmó que están cumpliendo sus tareas jurídicas sometidas al marco normativo. 

'Santrich' fue capturado el pasado 9 de abril después de que la Interpol emitiera una circular roja en su contra por el delito de narcotráfico. El exjefe guerrillero fue capturado y posteriormente enviado a la cárcel de La Picota. 

No obstante, debido a una huelga de hambre que inició tras ser capturado, tuvo que ser trasladado desde La Picota al Hospital El Tunal de Bogotá, el 26 de abril. 

Permaneció varios días recibiendo atención médica hasta que "por razones humanitarias" fue remitido a una casa de la Conferencia Episcopal, el 10 de mayo, siendo otra decisión polémica en el caso del exguerrillero.