A las 2 de la tarde de este viernes 6 de octubre mediante audiencia virtual, el Tribunal Superior de Bogotá confirmará en segunda instancia la decisión de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

El exmandatario se adelantó este jueves al pronunciamiento oficial de los magistrados, y en su cuenta de X dijo de manera lacónica: “Me niegan la Preclusión y ordenan llevarme a juicio”.

La decisión inédita en la historia de Colombia, en la que un expresidente es llamado a juicio por conductas penales de fraude procesal y manipulación a testigos, la tomaron los magistrados Carlos Andrés Guzmán Díaz, Hermens Darío Lara Acuña y Dagoberto Hernández Peña.

Para la diligencia también estaban citados para este viernes, entre otros, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, la señora Deyanira Gómez y Jorge Fernando Perdomo, reconocidos como víctimas dentro del proceso.

Además el abogado defensor del expresidente Uribe, Jaime Granados; el abogado defensor de su contraparte, Miguel Ángel del Río Malo, el representante de la Fiscalía y el del Ministerio Público.

El Tribunal completaba más de cuatro meses sin una toma decisión, después de que la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, determinó, por segunda vez, que el proceso contra Álvaro Uribe Vélez no podía archivarse, porque en el expediente hay pruebas suficientes para que el exmandatario siga vinculado al proceso penal por los mencionados delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Esta determinación de la juez fue apelada por la Fiscalía, razón por la cual llegó al despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Guzmán Díaz, quien actuó como ponente del fallo. 

Lo que dijo la Fiscalía en su apelación

La Fiscalía organizó su tesis para solicitar el archivo de la investigación, con el argumento de que en siete hechos diferentes, separados por testigos, no había material probatorio para seguir con la investigación que había iniciado la Corte Suprema de Justicia en 2018. 

El fiscal, incluso, argumentó que testigos claves como Juan Guillermo Monsalve, quien vincula a Uribe con la creación del Bloque Metro de las AUC, no tienen credibilidad.

No obstante, la juez rechazó la solicitud y reiteró que la Fiscalía se equivocaba ya que existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para seguir con el caso. 

¿Y de qué hechos se acusa a Álvaro Uribe?

El lío para Uribe comenzó en septiembre de 2014, cuando el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, lo citó a un debate de control político en el Congreso por presuntos nexos con paramilitares y narcotraficantes, que vinculaba también a su hermano Santiago Uribe como posible fundador del Bloque Metro, un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El exmandatario se declaró inocente y aseguró que todo se trataba de una persecución política en su contra.

Entonces decidió denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, señalándolo de buscar a antiguos paramilitares para que dieran falsos testimonios en su contra.

Los magistrados investigaron durante varios años al senador Cepeda, y en 2018 no solo decidieron no atender las acusaciones que le hizo Álvaro Uribe, sino que abrieron investigación formal en contra del exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Aquí salió a relucir el nombre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, exmiembro del Bloque Metro, como uno de los testigos que señalaba a Uribe.

Monsalve fue invitado a testificar por Iván Cepeda y aseguró que en la finca ‘Guacharacas’, propiedad de la familia del expresidente, se planificaron algunas matanzas ejecutadas por paramilitares.

Días después Monsalve envió una carta en la que se retractaba de dichas afirmaciones, sin embargo, luego volvió a su afirmación inicial contra Uribe, y dijo que se había retractado porque lo habían presionado mediante amenazas.

En este papel, según dijo Monsalve y otros testigos, fungió el abogado vallecaucano Diego Cadena, quien figuraba como uno de los defensores de Álvaro Uribe.

De acuerdo con esta versión, Cadena ejerció presión y ofreció pagos para que los testigos cambiaran los testimonios que involucraban al expresidente, en los delitos que habían mencionado.

El abogado Diego Cadena empeoró la situación en forma definitiva porque reconoció que sí había entregado dinero a varios de esos testigos, pero en forma de “ayuda humanitaria”, argumento que no tuvo acogida en la Corte que decidió involucrarlo también en la investigación y ahora enfrenta juicio por ello.

En medio de esta investigación el martes 4 de agosto de 2020, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente en la historia de Colombia en tener que cumplir con una sanción de arresto domiciliario por las acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos en su contra.

Fue incluso reseñado por el Inpec para su control de detenidos.