La Corte Constitucional declaró la figura de la Urgencia Nacional para estudiar el gran número de demandas para la derogación de la Ley de Garantías, contenida en la Ley de Presupuesto aprobada el pasado 19 de octubre.

La alta corte definió con seis votos contra tres la ponencia presentada por el magistrado Jorge Ibáñez, partidario de implementar la figura para poder darle trámite inmediato a los señalamientos contra la referida Ley.

En este momento cursan 42 de estas acciones judiciales que sostienen fundamentalmente de que “se trata de un 'mico' sin las mayorías necesarias y se violaron principios democráticos”.

En una sesión realizada este jueves 10 de febrero, la magistrada de la Corte Diana Fajardo, ponente del caso, pidió que se suspendiera la norma, pero su propuesta tuvo solo tres votos a favor.

Hubo una concertación y se votó entonces por la ponencia del magistrado Ibáñez, quien pedía la Urgencia Nacional para evaluar en detalles las denuncias.

La Ley de Garantías ha sido cuestionada por la oposició, ya que permite celebrar contratos a entidades del Gobierno con entes territoriales como gobernaciones y alcaldías, además de fomentar cargos burocráticos, que pueden ser utilizados para la captación de votos con miras a las próximas elecciones.

Por su parte el Gobierno ha sostenido que con su implementación se promueve la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones.

También que buscar ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general de la Nación.

Por ello el 12 de noviembre de 2021 el presidente Iván Duque le respondió a una jueza que le ordenó suspender la modificación de la Ley de Garantías, que un juez no puede decirle a un presidente qué objetar y qué no objetar, pues podría configurarse en una violación de la Constitución y sancionó dicha Ley.

Las demandas admitidas fueron presentadas por los congresistas Fernando Velasco, Carlos Alberto Maya Iván Cepeda, Antonio Sanguino Páez, Roy Barreras, y los particulares Edwing Fabián Díaz Plata, Juan Sebastián Ramírez García, Juan David Gamboa González y David Andrés Luna Sánchez, entre otras.

Las demandas también argumentaron la inconstitucionalidad de la norma pues afectó el sistema de frenos y contrapesos, y porque habría abierto la puerta a “favorecer a algunos sectores políticos y hasta para financiar la compra de votos en algunas regiones del país”.

Todas las acciones presentadas contra el artículo 124 de la mentada Ley de Presupuesto fueron acumuladas en un solo expediente y quedaron a cargo de la magistrada Diana Fajardo.