El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, le dio un fuerte 'jalón' de orejas a la Superintendencia de Servicios Púbicos, al recordarle que la entidad está facultada legalmente para inspeccionar y vigilar detalladamente todos los recursos financieros y tarifarios que han entrado a las empresas generadoras por concepto del Cargo de Confiabilidad, por lo que no tiene cabida que ellos argumenten lo contrario.

"Es inaceptable que, ante la crisis actual del mercado de energía, se aduzca falta de competencia legal como excusa para no adelantar actuaciones que sí le corresponde adelantar a esta entidad", afirmó Maya Villazón.

El contralor dijo además que la Superintendencia también debe solicitar a los generadores los fundamentos y soportes de las inversiones que han hecho con esos recursos y con esta información, "la entidad puede hacer vigilancia preventiva, hacer visitas de inspección, aplicar sanciones, exigir correctivos y compromisos para subsanar problemas detectados, entre otras medidas".

“La Contraloría General de la República adelantará por su parte las acciones de control fiscal de su competencia, entendiendo que el uso de los recursos destinados a remunerar las Obligaciones de Energía en Firme a través del Cargo por Confiabilidad, facturado de manera obligatoria a todos los usuarios finales del servicio de energía y financiado en parte con subsidios del Presupuesto General, corresponde con el interés general y su destino no debe ser otro que el de proveer confiablemente un bien público esencial como es la electricidad”, indicó Maya Villazón.

Una investigación que no puede esperar más

Desde 2007 con la creación del Cargo por Confiabilidad, los usuarios del servicio de electricidad han venido pagando una prima a las empresas generadoras térmicas y a algunas hidráulicas, para que en condiciones de baja hidrología y cuando el precio de Bolsa supere un valor denominado Precio de Escasez, estas entreguen energía eléctrica de manera continua a mínimo costo. 

A pesar de contar con este esquema, a la Contraloría le llama la atención que plantas como Termovalle y Termocandelaria hayan dejado de operar ante los requerimientos de la energía por parte del mercado, con la amenaza de que otras siguieran este camino. 

"Esta situación se considera suficiente para suscitar la intervención urgente, con medidas de contingencia, por parte del Ministerio de Minas y Energía", anotó el Contralor.