Mark Pocan, Jan Schakowsky, James P. McGovern y Raúl M. Grijalva, congresistas.
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Congresistas de EE.UU. instan al Departamento de Estado a denunciar brutalidad policial en Colombia

55 legisladores firmaron la carta.

Varios legisladores estadounidenses, encabezados por el congresista por el segundo distrito de Massachusett, James P. McGovern, Mark Pocan, Jan Schakowsky y Raúl M. Grijalva, dirigieron una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony John Blinken, instándolo a "denunciar de manera clara e inequívoca la violencia, pedir una reducción inmediata, ayudar a calmar las tensiones y facilitar soluciones sociales y políticas inclusivas en Colombia".

Los congresistas expresaron su grave preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia e instando al gobierno de los Estados Unidos a denunciar la brutalidad policial.

"Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha asociación, lo que dice el gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el gobierno de Estados Unidos no dice", manifiestan

Los legisladores también piden la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia; el fin de las ventas comerciales estadounidenses de armas, equipos, servicios o capacitación a la policía antidisturbios del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios); y la congelación de cualquier subvención o venta de equipo de control de disturbios o multitudes a todas las fuerzas de seguridad pública, la policía y las unidades especiales de Colombia hasta que se establezcan y cumplan parámetros de referencia de derechos humanos claros y concretos.

"Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que hemos visto en décadas de luchas: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto el derecho colombiano como el internacional. estándares de derechos”, escribieron los legisladores. 

La carta también fue firmada por los representantes estadounidenses Rosa L. DeLauro, Maxine Waters, Frank Pallone, Jr., Nydia M. Velázquez, John Yarmuth, Zoe Lofgren, David N. Cicilline, Jesús C. “Chuy” García, Ro Khanna, Bobby L. Rush , Dwigh Evans, Jamaal Bowman, Ed.D., Karen Bass,  Alan Lowenthal, Earl Blumenauer, Henry C. “Hank” Johnson, Jr., Mark DeSaulnier, Anna G. Eshoo, Jared Huffman, Ayanna Pressley (MA-07), Andy Levin, Grace Meng (NY-06), Eleanor Holmes Norton, Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Susan Wild, Joaquin Castro, Rashida Tlaib, Juan Vargas, Peter Welch, Cori Bush, Bill Pascrell, Jr., André Carson y Grace F.

Los puntos claros

- Emitir declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, que reduzcan la intensidad de su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza.  

- Suspender la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia y establecer puntos de referencia concretos y alcanzables sobre mejoras en el uso de la fuerza y ​​la rendición de cuentas judicial para casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre. 2020.   

- Asegurar que la unidad de policía antidisturbios del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (Esmad) no reciba subvenciones de los Estados Unidos, directa o indirectamente.  

- Congelar las ventas militares comerciales y extranjeras de armas, equipos, servicios o capacitación de los EE. UU. Al Esmad; y congelar cualquier subvención o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia.   

- Advierta al gobierno de Colombia contra el despliegue de su ejército endurecido por el combate para el control de multitudes.    

- Exhortar al gobierno colombiano a respetar y garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas relacionados con las protestas.   

- Rechazar públicamente declaraciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, políticos, fiscales y otros que impliquen que las protestas, o actos de vandalismo y desorden, son planeados y coordinados por grupos terroristas.  

- Finalmente, y lo que es más importante, instar y fomentar el diálogo, y facilitarlo cuando corresponda.    

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