La dilación por parte de la Fiscalía General de la Nación en el caso contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha sido constante y fuertemente criticada a nivel nacional.

Andrés Palencia, fiscal que llevaba el caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal ante la Corte Suprema renunció este martes, a la espera de que este organismo formule o no cargos contra el exmandatario.

El funcionario del ente judicial argumentó "razones personales, relacionadas con la salud de su familia", informó la Fiscalía en un comunicado.

Por ello, "con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al Fiscal 12 Delegado ente la Corte", que es Víctor Salcedo.

Este cambio se produce a puertas de que la Fiscalía decide si presenta cargos contra el expresidente, después de que el pasado 6 de octubre la Justicia le dijera por tercera vez que hay razones para que lo haga.

Sin embargo, han pasado más de tres meses y el ente acusador aún no ha decidido si va a acusar a Uribe.

Palencia fue asignado en octubre después de que la Fiscalía recibiera una vez más la decisión de la Justicia de no archivar el caso contra Uribe y ordenara que formulara cargos.

Entonces el fiscal aludió que estaba realizando "una serie de actos de investigación complementarios" antes de decidir si formulaba los cargos.

Para esa época el senador Iván Cepeda, víctima en este caso judicial, denunció que la Fiscalía está favoreciendo "un escenario de impunidad" a favor del exmandatario por la dilación en el proceso.

"La Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tiene un propósito distinto a presentar una tercera solicitud de preclusión y sumar tiempo para que la acción penal prescriba", consideraron entonces Cepeda y su abogado, Reinaldo Villalba.

El caso Uribe

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

Uribe dejó su escaño para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que ha sido negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como ahora por el Tribunal Superior de Bogotá.

El caso que le concierne es porque las víctimas consideran que Uribe, a través de su entonces abogado, Diego Cadena, fue a sobornar a testigos en el caso de Cepeda, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo.

EFE