Al Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se le presentó lo que podría calificarse como ‘un error de cálculo’ electoral.

El candidato de su propio movimiento político se tuvo que verse obligado a interponerle una tutela al gobernador, así como a la Registraduría Nacional, para que le dieran el suficiente tiempo para poder recoger firmas, para así avalar su propia candidatura a la Alcaldía de Tenerife.

La situación se produjo a raíz del decreto 21 del 27 de enero de 2021, en el que el gobernador Carlos Caicedo determinó la fecha para la realización de las elecciones tras el fallecimiento de Freddy Rafael Ramos, alcalde electo por voto popular, quien falleció a causa del coronavirus.

En el decreto, Caicedo dispuso en el artículo segundo: “fíjese como fecha para la realización de elecciones atípicas para elegir Alcalde del municipio de Tenerife, el día 28 de marzo de 2021”.

Fue a partir del establecimiento de la fecha designada por Caicedo, que la Registraduría procedió a determinar los días del calendario electoral, en los cuales se dio un plazo entre el 28 de enero y el 11 de febrero, conforme lo orden la Ley, para el registro de candidatos y movimientos políticos.

Como Fuerza Ciudadana no es un partido político con personería jurídica, sino un movimiento ciudadano, a este le toca recolectar firmas para cada proceso electoral. Y, por la premura de las elecciones pactadas por Caicedo, al candidato del propio gobernador, un joven de 24 años llamado Julio Gómez, no le quedó otra que buscar que reclamar sus derechos a través de tutela.

La prueba del ‘error de cálculo electoral’ la divulgó el exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y actual líder del movimiento político, quien publicó la orden del juez en la que figura la Gobernación del Magdalena como parte accionada para que respete los derechos del joven aspirante.

Si el gobernador Carlos Caicedo hubiese optado por elegir una fecha más lejana para la realización de las elecciones en Tenerife, este inconveniente electoral no se hubiera presentado.

Lo curioso, eso sí, es que de manera pública, toda el agua sucia se la hicieron caer a la Registraduría, que, en últimas, se limitó a la fecha dada por el gobernador.