Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en rueda de prensa, con el abogado Jorge Iván Acuña.
Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en rueda de prensa, con el abogado Jorge Iván Acuña.
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Prensa Alcaldía de Cartagena

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"Ante arbitrariedades del Contralor, contratamos a un abogado de liga mayor": Dau

El Alcalde de Cartagena hará defensa jurídica de proceso de responsabilidad fiscal que le inició la Contraloría.

“Estamos en una guerra, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien y no los voy a dejar, por eso necesito el respaldo de todo los cartageneros, honestos decentes, porque es solo uno de tantos ataques, por eso ante las arbitrariedades del Contralor, contratar a un abogado de liga mayor para enfrentar esta batalla”.

Así presentó el alcalde, William Dau Chamat,  en rueda de prensa al abogado Jorge Iván Acuña, quien ejercerá la defensa y la estrategia jurídica del mandatario ante el proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría Distrital en contra del burgomaestre y 42 funcionarios y ex funcionarios de la administración.

Durante la presentación, el Alcalde solicitó el apoyo de los cartageneros y cartageneras para librar esta batalla.

A su turno, el abogado manifestó que el actuar del órgano de control es desfasado y sin antecedentes en la historia fiscal de Colombia.

“El Contralor, además de iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, tomó la decisión de embargar los bienes, no sólo del Alcalde sino de más de 40 funcionarios de la Administración en un hecho insólito y sin antecedentes en la historia fiscal de este país. Nos ha llamado mucho la atención de este proceso que tiene unas particularidades no conocidas y nos causan, ya no unas sospechas, sino la seguridad de que se está usando al órgano de control como un mecanismo de persecución política, de oposición contra el Alcalde y los funcionarios”, expresó Acuña.

Línea de defensa

En cuanto a la línea de defensa, el jurista precisó que estará encaminada en demostrar lo que a el Alcalde ha dicho en otros escenarios, y es que la administración no cometió ninguna clase de detrimento patrimonial y nunca se sobrepasaron los límites de remuneración salarial establecidos por el Gobierno Nacional.

“No existe detrimento patrimonial y eso debe quedar absolutamente claro, lo único que se ha hecho es remunerar a los funcionarios tal como lo señaló el Concejo de Cartagena en el 2011, y que se continuó hasta el año pasado, porque ya eso se corrigió. En ese acuerdo del Concejo de 2011 se había segregado el ingreso en dos conceptos en uno de salario y un concepto de gastos de representación, pero nunca sumado esos dos conceptos se sobre pasaron los topes establecidos por la Nación”, explicó Acuña.

Así mismo, aclaró que se interpondrá una denuncia penal contra el contralor Freddy Quintero y se solicitará el acompañamiento de la Auditoría General de la República, para que vigile y emita concepto sobre el proceder de Quintero, que en su actuación fiscal plantea una teoría con la que pretende que el Alcalde rompa los principios constitucionales.

“Presentaremos las denuncias penales contra este señor Contralor, él trasgredió la ley, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y trata de que se remuneren a los funcionarios del Distrito de una manera distinta al resto de funcionarios en Colombia, desconoce los precedentes de la jurisprudencia y las decisiones que ha adoptado el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional con el derecho a la remuneración. Él lo que quiera es que se hubiera dado un trato desigual solamente con la llegada de este Alcalde, porque este Contralor, ni ningún otro a los anteriores alcaldes les exigió ese tratamiento desigual, pero a este Alcalde sí se lo exigen, y este Alcalde hizo lo que le correspondía, que era hacer tratar a sus funcionarios de igual manera como en el resto del país”, argumentó Acuña.

Finalmente, y como complemento de la estrategia jurídica, el abogado explicó que se presentará una acción de tutela para hacer valer los derechos fundamentales del Alcalde.

“También vamos a presentar una acción de tutela, porque en el fondo el contralor está exigiendo que devuelvan esa remuneración que legítimamente se ganaron los funcionarios y reciban de esa manera un salario distinto, desigual y desfavorable”, puntualizó Acuña.

 

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