Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que el rendimiento y funcionamiento operacional del alto mando militar y de Policía sobre masacres y asesinato de líderes sociales, afectaría sus hojas de vida, ha tenido varias miradas entre distintas organizaciones del país.

Acore, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, se pronunció y sostuvo que este tipo de medidas “asaltaría la presunción de inocencia”.

Por su parte la asociación de Mingas indígenas, que dirige Diana Sánchez, opinó lo contrario, y manifestó que saluda las acciones que está tomando el Gobierno Petro, “pues les daría más transparencia a las Fuerzas Militares”.

Acore insistió en que es una posición “muy delicada”, y advirtió que cuando se presente una situación de estas en sus jurisdicciones, los van a enredar a todos”.

John Marulanda, presidente de la Asociación, aprovechó para mostrarse en desacuerdo con la nueva oficialidad designada para la cúpula militar y Policía por parte del presidente Petro.

“No tienen la suficiente experiencia como los que acaban de salir para lidiar con la criminalidad callejera, la criminalidad común y organizada y con los grupos armados irregulares alentados por el narcotráfico como el ELN, las FARC y el Cartel del Golfo”, precisó Marulanda.

A su vez la vocera indígena reiteró su complacencia con la medida del Gobierno y sostuvo que la medida da en la raíz del problema, “en la semilla de la corrupción, y de tantos problemas que tienen los militares y policías en Colombia”.

Luego agregó, “si no se toma una medida de estas dimensiones, no es posible atajar las carreras de corrupción que han existido siempre en las Fuerzas Militares”.

Para concluir manifestó: “Cambiar esa lógica hace que las Fuerzas Militares estén al servicio del cuidado y la seguridad humana. A mi me parece una decisión acertada que cambia la ecuación y que sin duda bajará los índices de violencia”