Los abogados del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguraron que "no hubo irregularidades" en las actuaciones de su defendido, quien fue salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"El origen y trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama legislativa y el ejecutivo (...) Decir lo contrario es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía", señalaron los abogados en un comunicado.

En chats del exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla, publicados el miércoles por Noticias Caracol, se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de 3 contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

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Según el informe del noticiero, todo comenzó el 11 de diciembre pasado, cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos (unos 175 millones de dólares) a la UNGRD.

Luego esta Unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.

En una de las conversaciones, el ministro le manifestó a Pinilla que estaba "preocupado" por el destino de los recursos de los "proyectos viabilizados".

Después, el exsubdirector de la UNGRD se contactó con María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, que le pidió al exfuncionario de la Unidad avisar a los intermediarios que los contratos se iban a mover a través de esa entidad.

Para ello, las alcaldías de los municipios mencionados, al parecer, tenían que declarar falsas calamidades con las que se buscaba justificar los contratos, que finalmente no se firmaron porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques en La Guajira, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.

En ese sentido, los abogados de Bonilla explicaron "que los mencionados proyectos viabilizados obedecieron a solicitudes de los congresistas que recogieron los reclamos de las poblaciones afectadas por el fenómeno del Niño y que no habían recibido la debida atención de parte de la UNGRD".

"En el marco de la comisión interparlamentaria, y teniendo en cuenta que los recursos ya estaban apropiadas en el presupuesto del año 2023, los congresistas pidieron al ministro Bonilla que, conforme a sus funciones, hiciera seguimiento a los recursos destinados a mitigar riesgos en esas tres localidades", agregaron.

EFE