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11:26 am. Jueves 04 de Agosto de 2022
Opinión
11:26 am. Jueves 04 de Agosto de 2022

El presidente Petro promete una “paz total”, pero la situación de inseguridad del país le hará muy difícil cumplir esa promesa. Solamente en el Atlántico, se cometen 50 hurtos al día y, en el país, más de 1.000 homicidios al mes. ¿Qué está pasando?

En un mundo ideal, ningún ciudadano delinquiría en ninguna forma. Pero dejando la ilusión de lado, uno sí esperaría que, en cualquier sociedad civilizada, los delitos más graves sean los que menos se cometieran. En Colombia, sin embargo, el homicidio es quizás el segundo delito más grave (después del genocidio, claro está) y también es el que más personas tiene tras las rejas. Además, por mucho: Casi uno de cada cinco presos lo está por homicidio.

Con todo, las cifras del INPEC son un indicador apenas relativamente fiable de la delincuencia: realmente, solo miden la delincuencia conocida por la justicia. Cuando se recurre a cifras no judiciales, como las de la Policía, el panorama es mucho peor. Según lo publicado por su “Observatorio del Delito”, durante el primer semestre del año, se cometieron 6.611 homicidios en el país. ¡Esto es más de 1.000 homicidios al mes!

Dentro de todo lo lamentable, ocupa un lugar especial la realidad penitenciaria de los jóvenes del país. El 62% de la población hoy tiene menos de 40 años y, de esa, el 48% tiene menos de 30. Quiero ser claro: esta es población que lleva probablemente años privada de su libertad, con lo cual la edad de ingreso muy probablemente es inferior a la que tienen al momento del conteo. Cuando una persona ingresa a sus 20 años a cumplir una pena de homicidio (cuyo mínimo legal actualmente está en 17 años), ¿qué le espera cuando salga?

Según la Corporación Excelencia en la Justicia (2022), tan solo en los últimos 5 años (2016-2021), la reincidencia aumentó en un 80%. Hoy, el INPEC registra que, de las 72.809 personas con condenas vigentes, 22.426 ya habían sido condenados previamente; esto es, un 31% de dicha población. Aclaro: aunque así la llama el Estado, esta no es la “estadística de reincidencia”. Este es, apenas, el número de personas que delinquieron una vez, los capturaron, los procesaron, los condenaron… y luego repitieron esta suerte. En un país con un 97% de impunidad, esa no es la cifra de reincidencia, sino de delincuentes ineptos.

En el Atlántico, la inseguridad está alcanzando niveles críticos que, incluso en un país violento como el nuestro, son alarmantes. Nuevamente, según PONAL, solo en nuestro departamento, el primer semestre del año arrojó: 354 homicidios; 430 hurtos a vivienda; 918 hurtos a comercio; 1.883 extorsiones y amenazas, y la impresionante cifra de 9.054 hurtos a personas. A quien no impacte esta cifra, que considere que el Atlántico tiene, “apenas” capacidad para albergar a 1.094 presos en todo el departamento.

Al mismo tiempo, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo -SIEDCO- de la DIJIN reporta que, en lo que va del año, la Policía Nacional ha realizado 107.153 personas. Para ponerlo en contexto: si estas personas fueran privadas de la libertad, incluso con las prisiones vacías, no alcanzarían todos los cupos penitenciarios de Colombia para albergarlas.

En contraste, nunca habíamos tenido una inversión presupuestal tan alta para la seguridad pública. El gasto anual en el sector “defensa y policía” es de casi 42 billones de pesos. Esto es una cifra tan grande que, para entenderla, es mejor presentarla de otra forma: cada día, invertimos 115 mil millones de pesos en este sector. En los 10 minutos que usted lleva leyendo este texto, Colombia ya ha invertido 800 millones de pesos en seguridad.

Como si fuera poco, el proyecto de ley de presupuesto general de la nación 2023, recién radicado en el Congreso, aumenta esta cifra a 44.6 billones de pesos. No es la única que aumenta: Educación lo hace en 8%, Justicia en 10% y Salud en casi 17%. Claro, para compensar estos aumentos, se requieren algunas reducciones. En este caso, las principales fueron a Agricultura (-19%) y a Inclusión Social y Reconciliación (-23%), entre otras.

Este difícil rompecabezas refleja la “visión de país” de cada gobernante y en él siempre la seguridad es una de las fichas clave.  No en vano, las políticas de seguridad de los gobiernos son lo que, muchas veces, queda en la memoria de la gente. En este siglo, ya hemos visto la “Seguridad democrática de Uribe”, la “Paz de Santos” o, más recientemente, la “Paz con legalidad” que tanto anunció Duque. Ahora, el presidente de turno promete una política de seguridad orientada hacia la “Paz total”.

La verdad, no es claro exactamente qué significa esto ahora, ni qué rumbo va a tomar el país en los próximos meses o qué orientación se le dará a la política criminal durante el próximo cuatrienio. Pero algo sí me parece evidente: un programa de seguridad nacional no puede ir dirigido solamente a lograr un acuerdo con el ELN, ni siquiera si se acompaña con otro para el Clan del Golfo. Un país que se precie de estar en paz no puede tener 1.000 homicidios mensuales ni tener que destinar 4.800 millones de pesos cada hora a garantizar la seguridad básica de sus habitantes. Esperemos que la “paz total” del presidente Petro abarque, también, la paz ciudadana.

El Presidente electo, Gustavo Petro

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