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3:40 pm. Martes 14 de Junio de 2022
Opinión
3:40 pm. Martes 14 de Junio de 2022

 “Me aparto de quienes afirman que es mejor tener cualquier APP que no tenerla. Con la anunciada vamos a vivir nuestros peores días”.

 

En los cuatro años del gobierno de Iván Duque se hicieron las inversiones más grandes en la historia de los dragados en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. Eso hay que decirlo. Pero también hay que decir que han sido las más ineficientes que nuestra memoria recuerde. En total se gastaron 309 mil millones de pesos en campañas de dragado y causa dolor que con esa inédita gesta en este cuatrienio solo tuvimos 316 días con calados superiores a 9.8 metros, y llegamos a penosas profundidades de 6,2 metros (la más baja en 30 años) lo que obligó a cerrar toda la zona portuaria. Todo un récord, pero para abajo.

Como dije en una columna publicada en Zona Cero a finales del año pasado, todo el discurso esperanzador durante este período de gobierno se construyó sobre la base de una APP de la que cada tanto nos decían que ya iba a publicarse. Esta horrible historia comenzó el 11 de septiembre de 2018 cuando la ministra de Transporte, Ángela Orozco dijo a los medios locales y nacionales: “Esa APP la adjudicaremos en 8 meses”.

Luego, en mayo de 2019, el viceministro de entonces, Manuel Felipe Gutiérrez, hoy presidente de la ANI, estando encargado del Ministerio de Transporte, dio una rueda de prensa en el Puerto de Barranquilla calificando de “desafortunada la situación en la que se recibió el canal de acceso y responsabilizó de la crisis de los dos años al fracaso de la APP con Navelena”. Allí anunció que el proceso para la nueva APP se abriría en el primer semestre del año 2019 y se adjudicaría antes de su finalización. Ya iban corridos siete meses y empezaba el viacrucis.

En septiembre 2 de 2019 dieron otro gran anuncio que los medios de comunicación titularon “Un año más se tendrá que esperar por la nueva APP”, con lo que estábamos hablando de finales de 2020.

Un mes y quince días después, el 17 de octubre de 2019 el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, mientras alistaba maletas para un viaje internacional con el propósito de asegurar el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo al proyecto de estructuración de la APP del río Magdalena dijo: “Queremos compartir experiencias relacionadas con las concesiones fluviales y generar un diálogo técnico que nos permita asegurar el acompañamiento del BID en el proceso de estructuración de la APP, lo cual nos permitirá obtener la financiación de la banca multilateral del proyecto y el objetivo es iniciar el diálogo competitivo a finales de octubre, abrir la licitación en el primer semestre de 2020 y adjudicarla en el segundo semestre del año entrante”. Otro aplazamiento de 6 meses.

El 29 de enero de 2020, ya con el proyecto postergado 18 meses, el risueño director de Cormagdalena, en una entrevista a un medio bogotano, afirmó: “este será un año estrella para el río Magdalena con la adjudicación de la APP y hay más de 40 empresas interesadas en entrar al proceso”. Pasó ese 2020 y empezó la horrible noche para nuestra zona portuaria.

Sólo fue hasta el 17 de marzo de 2021 cuando el BID, en el marco de la asamblea realizada en Barranquilla, entregó al gobierno la estructuración de la APP que permitirá la navegabilidad del río Magdalena. Fue un acto pomposo y lleno de fotos para el recuerdo.

El 25 de diciembre de 2021 el gobierno se tomó una nueva fotografía y anunció que: “Inició el proceso de licitación de la APP del río Magdalena”. Ese día Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI, exclamó: “dimos un paso importante para que Colombia sea líder en el desarrollo de infraestructura sostenible”. Y afirmó que el proyecto se adjudicaría el 10 de junio de 2022.

El 30 de marzo de este año el mismo funcionario volvió al ruedo, expidió una adenda y modificó el cronograma. Ahora la adjudicación sería el 29 de junio. Pero el 15 de mayo volvieron a oficiar el cronograma y la adjudicación quedó entonces fijada para el 29 de julio de 2022.

Hoy estamos, como es costumbre en Colombia, cruzando los dedos para que a última hora se presente algún proponente que quiera arriesgarse con esa APP que tiene más peros y dudas que certezas y sustento. Muy pocas quedan de las 40 firmas nacionales e internacionales que según Cormagdalena se presentarían al proceso y hemos llegado hasta el límite de lo impensado al habilitar empresas con pequeñas dragas de 2.700 m3 con el fin de animarlas a entrar en un contrato que todos los expertos califican con muy bajas notas.

Por Barranquilla se han paseado los funcionarios de la ANI, los mismos que inauguraron la carretera del cacao, que también es una APP, y que a dos semanas de su mediática inauguración se derrumbó. También se pasea por aquí el director de Cormagdalena. A ninguno de ellos les gusta que les preguntemos por las falencias técnicas, ni por las especificaciones de esa APP, ni tampoco por qué se demoraron tanto para materializar el proyecto.

Los funcionarios de la ANI se irán el 7 de agosto y nos dejarán un contrato de temer, si es que lo adjudican. Por eso, hoy me aparto de las voces que afirman que es mejor tener cualquier APP que no tenerla. Soy contrario a esa posición conformista. Y me atrevo a anticipar que con esa APP vamos a vivir nuestros peores días. Y a decirle al Gobierno nacional y a la ANI que, si esa es la APP que dejarán adjudicada un par de días antes de que termine la presidencia de Iván Duque, es mejor que no dejen nada. Ya sabremos nosotros desde Barranquilla solucionar la coyuntura. Aquí nada nos ha quedado grande.

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