Unimetro
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11:15 am. Lunes 11 de Octubre de 2021
Opinión
11:15 am. Lunes 11 de Octubre de 2021

La relación entre dinero o riqueza, como se quiera denominar y poder político está en el origen de la misma, ya el marxismo lo plantea cuando establece que, a partir de la agricultura, con el surgimiento de la propiedad privada y el reemplazo de un “comunismo primitivo” propio de las sociedades cazadoras recolectoras consideradas más igualitarias, surge una sociedad más compleja, con desigual reparto a los bienes y con diferenciación entre gobernantes y gobernados.

Incluso, si vamos a la definición de las formas de gobierno en Aristóteles, la relación entre riqueza y poder político está claramente asumido. La Aristocracia es el gobierno de los más ricos, cuya riqueza descansa casi exclusivamente en la propiedad de la tierra. Pero cuando las sociedades agrarias se desarrollan y complejizan, aparecen otras actividades que son tanto o más lucrativas que la tierra, como el comercio, las actividades artesanales y luego industriales, con el tiempo el desarrollo de sistemas que, podríamos llamar financieros, y por ende surge un grupo de nuevos ricos o hay una diversificación de actividades de los antiguos ricos, pero en la práctica se legitima la participación política en la riqueza. Los modelos oligárquicos se definen como el gobierno de los más ricos, sin importar de donde viene la riqueza. Esta forma de entender quienes detentan el poder político se perpetuó por siglos y milenios, con sus conflictos y bemoles y con sus espacios de represión que permitían entender y mantener los privilegios.

Hubo algunos intentos, por lo demás muy efímeros, por cambiar estas estructuras. Ya Clístenes, en el contexto de la Atenas Clásica, determinó que debía ser el domicilio, la ascendencia y no el dinero el que definiere la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas e incluso Pericles, algunos años después, consideraba que era una grave limitación a la democracia que los cargos públicos no fueran pagados ya que sólo la clase adinerada disponía de la tranquilidad económica para dedicarse a la política. La mistoforia o la profesionalización de la política es uno de los grandes legados del estadista ateniense. La desacreditación de dichos sistemas permitió en el mismo contexto del mundo clásico una involución y la instalación de formas aristocráticas u oligárquicas, por ejemplo en el mundo romano desde el fin de la monarquía hasta el establecimiento de la era imperial.

En el contexto del mundo medieval, en la organización del feudalismo, en las incipientes monarquías nacionales que, por evolución decantaron en modelos absolutistas y hasta en las experiencias republicanas en la península itálica de la modernidad, no hubo modificaciones que establecieran una discusión que pudiera poner en peligro la relación entre riqueza y política, incluso en los estallidos revolucionarios de los albores del mundo contemporáneo, las reivindicaciones burguesas instalaron sistemas de sufragio censitario con lo que se amarraba la participación política a detentar determinado patrimonio. Son sólo los ascensos de las clases medias y de los sectores populares, en el contexto de una sociedad industrial en tensión, la que permite generar los espacios que amplíen la participación política y el acceso a la toma de decisiones definidos por elementos distintos a la riqueza. Es sin duda una coyuntura, ya que a partir de allí, dicha relación se considera nociva, peligrosa y atentatoria contra un orden político institucional al que la gran mayoría de las sociedades modernas aspiran: la democracia.

Sin duda que el barrido histórico realizado es demasiado general y podrían inscribirse muchos otros elementos propios de la casuística que, más allá de dar referencias puntuales, creo que no amilanarían en nada lo que busco instalar, a saber, que la compleja relación entre política y riqueza, de ser una situación más que asumida en la antigüedad, ha decantado en una amenaza para las democracias contemporáneas y que más allá de los deleznables intereses que se ocultan al acceder a instancias de poder, lo más complejo radica en cómo se mina la institucionalidad política que da sentido, relevancia y legitimidad a la forma en que las modernas sociedades buscan organizarse.

Esta semana se ha develado una investigación periodística denominada “Pandora Pappers”, que repara en variadas situaciones pero que salpica con especial intensidad a esa relación entre dinero y poder político. A lo mejor el caso más comentado es el del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que cuenta con más de una causa histórica similar en diversos cargos de representación política y poder, en donde el acceso a la toma de decisiones le ha prodigado más de una pingue ganancia. El caso de la venta de un derecho de explotación minera en el norte chico chileno, es la última experiencia al respecto que, forma parte de una especie de tradición del comportamiento especulativo de Sebastián Piñera, desde espacios de poder en el mundo bancario, empresarial, en su desempeño como senador de la república y, en sus dos mandatos como Presidente de Chile. El jueves recién pasado la Fiscalía nacional abrió una causa inédita en nuestra historia, es la primera vez que se abre una investigación con responsabilidades penales para un Presidente de la República, por causas que serían constitutivas de los delitos de cohecho y soborno. No disponemos de una bolita de cristal para saber en qué terminara todo esto, pero lo que ya resulta lamentable es que la figura del Presidente arrastra una serie de denuncias en su historia que llevan a preguntarse ¿cuánto hay de una práctica común de los negocios en que ha intervenido el Presidente?

En 1982, siendo gerente de un banco nacional fue encargado reo por infracciones a la ley de bancos referidas a la creación de sociedades ficticias, exportaciones fingidas de empresas de papel de compañías panameñas y también de fantasía; entre 1992 y 2004 se le acusó de usar “empresas zombies” para evitar el pago de impuestos ya que permitían hacer desaparecer utilidades, los montos hablaban de miles de millones de pesos; en 1997 se le acusó de utilizar información privilegiada, producto de ser senador de la república y parte de la Comisión de Hacienda del Senado, en la venta de sus acciones de Enersis a Endesa España y que previamente él había denunciado a otros empresarios por dichas prácticas; el caso de las acciones de Lan en 2006; la situación de la empresa peruana Exalmar que operaba en una zona en diferendo político con Chile y que decantó en un arbitraje que concluye en su segundo gobierno y; ahora el caso de minera Dominga, son una reseña somera y general que nos hablan de algo más que una persecución política o de mala suerte, parecen estar más cercanas a una forma de entender el poder y legitimar situaciones que, no sé si constituirán o no delito, pero que están bastante lejos de una ética empresarial o especulativa deseable, más aún para una persona que ha aspirado a ser un referente público y un estadista.

La pregunta que se nos instala tiene relación si podemos entender estos actos, especialmente el último, como expresiones de corrupción. Para ello es necesario entender que el objetivo fundamental de un Estado democrático es alcanzar el mayor bienestar para todos quienes forman parte de él. Sin embargo, el aparato estatal, a través de sus funcionarios públicos y representantes electos, está expuesto a privilegiar y promover sus beneficios personales desatendiendo al mismo tiempo el interés público. Es a este tipo de prácticas a las que, genéricamente denominamos corrupción política.

El caso del Presidente Correa en Ecuador; la variante Odebrecht en Perú con el financiamiento irregular de las campañas y los casos de coimas; el nepotismo, los lujos y las influencias en el poder judicial en México, derivados de la política salarial, son casos que lamentablemente se repiten en nuestra Latinoamérica. La situación especial del caso Dominga para el presidente Pinera devela aristas que resultan ser muy complejas: negociaciones en paraísos fiscales, gestionar personalmente el fin de otro proyecto minero que pretendía operar en la misma zona de Dominga  y compromisos de pagos derivados de una decisión política, referida a que no se declara el sector como una zona ambiental protegida, nos hablan del conflicto entre la preocupación que una autoridad pública debe tener por el bienestar de todos versus el atender a sus beneficios particulares con superior y especial interés.

En un interesante proyecto de investigación organizado por la OEA en el año 2011 y titulado, “Política, Dinero y Poder. Un dilema para la democracia de las Américas”, se le preguntó a un director de banco público de Uruguay, ¿Cómo se abaten las desigualdades?, respondió que uno de los caminos es el fiscal, que hay países de la región que tienen una presión del 9% de su producto bruto, y eso tendría que ver con que el Estado está cooptado por los poderes fácticos. Quería decir que no es que los Estados eran débiles, sino que los intereses particulares son los que determinan la baja capacidad de generación de recursos para después distribuirlos.

Todo esto me lleva a preguntar, más allá de si la práctica desarrollada es elusión o evasión, de que si existe o no cohecho o soborno, el hecho de que una autoridad pública, inteligente y capaz, opte por modelos de negocios que comprometen el bienestar general, que reducen la capacidad de recolectar ingresos para enfrentar las desigualdades, disponiendo además de una situación económica más que privilegiada, nos habla de actitudes y mezquindades que refuerzan la idea de corrupción, ya que sin necesidad de por medio, los interesases particulares resultan más relevantes que el bienestar de todos los que forman parte de dicho Estado.

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