Como agua entre los dedos se nos están escapando los proyectos renovables que venían a cambiar la historia energética de nuestro país. Las alarmas en el sector no dejan de sonar desde hace unos días, cuando el grupo Enel anunció su lamentable decisión de suspender indefinidamente la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira, debido a conflictos con las comunidades Wayúu.

A todos los que estamos trabajando para que la transición energética sea una realidad en Colombia, nos duele el hecho de que fracasara un parque eólico que iba a sumar 205 MW de potencia instalada al sistema, que no solo prometía beneficiar a 500.000 hogares colombianos, sino que además tenía previsto generar más de 350 empleos, en la primera etapa de construcción. Lastimosamente, esta situación ya estaba pronos ticada en Windpeshi, así como en varios de los proyectos renovables, especialmente del departamento La Guajira, que actualmente enfrentan múltiples desafíos.

Por distintos obstáculos, principalmente, en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, la mayoría de los proyectos adjudicados vía subastas no han entrado en operación, entre ellos la línea Colectora, una de las megaobras claves para la conexión de parques solares y eólicos, cuyo retraso genera incertidumbre en proyectos que aportarán cerca del 10% de la demanda de energía eléctrica de Colombia. A lo anterior, hay que sumarle los inconvenientes financieros que se están presentando como consecuencia de la larga espera, el incremento de los costos de la materia prima, entre otros factores, que se han convertido en cuellos de botella que están alterando la dinámica del mercado.

Las alertas acerca de la próxima llegada de un fenómeno de El Niño exigen la consolidación de los proyectos que deberían estar funcionando. Hoy más que nunca es necesario conversar con las comunidades cercanas a los proyectos, que se encuentran adoloridas por el abandono del Estado, y no quieren que les sigan utilizando sus recursos sin siquiera tener lo básico. La resistencia y el escepticismo de la comunidad Wayúu ante el despliegue de la industria de energías renovables en su territorio, tiene su origen en los históricos abusos de los que han sido víctima, por parte de anteriores proyectos extractivos de índole minera y energética. Un antecedente que están aprovechando inescrupulosos para impedir el desarrollo de las renovables, engañando a las comunidades.

Que el Gobierno no haya definido, aún, la hoja de ruta para la transición energética, y que, por el contrario, anunciara una nueva fecha de entrega para febrero de 2024, ahonda la actual crisis. Urge contar con una clara política de transición energética que contribuya al mejoramiento de los procesos actuales, así como también, a dar paso a la ejecución y el desarrollo de nuevos proyectos de generación sostenible. Garantizar la estabilidad macroeconómica y jurídica con reglas claras de juego es definitivo.

En Colombia tenemos sólidas bases para seguir impulsando el desarrollo de las energías limpias, no podemos quedarnos estancados, hay que brindarle viabilidad a los proyectos y mitigar los conflictos con las comunidades. Pedimos al Gobierno del Presidente Gustavo Petro pasar de los trinos en redes sociales, a la política real de transición energética. Hay que revertir el panorama de fracaso en los proyectos renovables que buscan un norte y el apoyo del ejecutivo.