Unimetro
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10:38 am. Lunes 27 de Agosto de 2018
Opinión
10:38 am. Lunes 27 de Agosto de 2018

La cita de ayer fue con la democracia y consistía en que los ciudadanos hábiles para votar, respondieran con un sí o con un no cada una de las siete preguntas que hacían parte de la consulta anticorrupción. Los resultados son muy concretos, pues de un número total de 36.421.006 de votantes aptos para votar, se requería para la aprobación de cada una de las preguntas, un número de votos que correspondiera a no menos la tercera parte de los inscritos según el censo electoral, esto es, como mínimo 12.140.342 – así lo ordena el artículo 55 de la ley 134 de 1994-.. La cifra final de votos a favor de la segunda pregunta – la más votada según el último boletín de la Registraduría Nacional de Estado Civil-, equivale a 11.672.464.  No se logró pasar el umbral, es decir, 12.140.342 votos y por lo tanto, lo que ayer se decidió por los sufragantes no resulta obligatorio en el ordenamiento jurídico de nuestro país, tal y como lo dispone el artículo 55 de la ley 134 de 1994.

Ahora bien, la precitada manifestación soberana del pueblo de Colombia, si bien es cierto no resulta obligatoria para las autoridades públicas, entre ellas, el Congreso y el Presidente de la República - dado que la consulta no pasó el umbral- quienes ya no estarían llamados a tramitar una ley para ratificar lo decidido por los colombianos – artículo 56 de la ley 134 de 1994-,   también es cierto que sí deben recoger y formalizar el sentir de un grupo amplio de ciudadanos y ciudadanas que votó para pedir un verdadero cambio en la manera de detentar el ejercicio del poder por parte de los gobernantes y representantes del colectivo. Gran tarea, les queda ahora tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República, pues ellos aún cuentan con instrumentos constitucionales para sacar adelante varias de esas iniciativas que integraban la precitada consulta.

En la nueva legislatura, que apenas comenzó el pasado 20 de julio de 2018, ya cursan varios proyectos de ley o de reforma constitucional radicados por el Gobierno Nacional – medidas como pliegos tipo, imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, etc.-, que buscan avanzar en algunas de las iniciativas que hicieron parte de la consulta – sin que tomemos partido a favor o no de ellas- y creemos que si existe voluntad del Ejecutivo, se podrán radicar y tramitar otras, así que no se ha perdido nada, pues la voluntad popular expresada en las urnas el día de ayer, bien que podrá ser canalizada por los poderes constituidos en nuestro país – como ya está en marcha incluso con anterioridad a la consulta-, esto es tanto por el Ejecutivo o por el Legislativo.

Aquí lo más importante consiste es en sacar adelante las verdaderas iniciativas legislativas que ayudarán a mejorar las condiciones de ejercicio del poder público, pero también aquellas que optimicen la calidad de vida de los colombianos y el ejercicio real y pleno de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad. Es cierto que la corrupción aqueja al país, pero hay otros males que también nos agobian gravemente a todos por lo que se requieren respuestas urgentes, rápidas y contundentes del Estado colombiano, pues la muerte de las personas por la falta de atención médica o la inseguridad que azota a todas las ciudades, son temas que no dan espera. Basta ver las noticias y leer los periódicos o las redes sociales para confirmar la gravedad de lo que todos los colombianos vivimos a diario.    

Sin perjuicio de todo lo anterior, lo que sí debemos pensar todos los colombianos es de qué forma podemos coadyuvar esas medidas que hacían parte de la consulta de anticorrupción, pues no es sólo poniendo límites a aquellos que detentan las altas dignidades del Estado, que se solucionan las dificultades, dado que los ciudadanos también tenemos responsabilidades frente a la democracia. El país está en mora de establecer con carácter obligatorio el ejercicio del derecho al sufragio.

Los ciudadanos, a diario, reclamamos la protección de derechos al Estado, pero al momento de cumplir con los deberes que él nos fija, la lógica funciona en forma distinta. La democracia nos impone un deber básico que consiste en participar en las decisiones que nos conciernen a todos y ese llamado sólo lo cumplimos con el acto de votar – en cualquier sentido-, sin embargo, no hay acato de dicho mandato. Al final, siempre aparecen diversas excusas para eludir ese compromiso constitucional, pues unos dicen que nada cambiará y otros sostienen que su voto no hará la diferencia. Es hora de repensar y en verdad tomar partido a favor de esta iniciativa. Que piensa usted?. Comentarios y sugerencias al correo mrtamayo@hotmail.com

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