Es bastante debatible que Colombia necesite endeudarse, imprimir dinero y aumentar la presión fiscal para redistribuir recursos públicos que reactiven la economía. Este tipo de estrategias de economía dirigida no suelen terminar bien, por el contrario, terminan ahogando a la clase media y quitando incentivos a las clases altas para invertir en capital, además que suman a las clases más vulnerables en un estado de perpetua dependencia de las limosnas del Estado central.

No obstante, si de verdad el Gobierno actual y el país quieren embarcarse en la aventura de seguir aumentando las transferencias públicas y la redistribución de recursos, al menos debería hacerlo de forma correcta. En vez de andarse inventando impuestos regresivos cada vez más estrambóticos -como ponerles IVA a los servicios funerarios-, este Gobierno, o el que venga, deberían centrarse en el ‘ancla’ fiscal más antigua y pesada que tiene este país: el impuesto a la tierra.

Antes de que los ultraderechistas más radicales empiecen a gritar “¡castrochavismo!” (aunque, para ser francos, probablemente a ellos es a quienes menos conviene), vale la pena subrayar que un impuesto a la tierra no es salir corriendo a expropiar hectáreas de monte para redistribuirlas entre los pobres. Un impuesto a la tierra es eso, cobrar una cierta cantidad de dinero a las personas por las características de la tierra que poseen. Este impuesto puede obedecer a muchos criterios, además. Ser más alto a medida que se tienen más hectáreas, o cuando la tierra se encuentra improductiva. También se puede aplicar lo contrario, y ser mucho más bajo cuando en el suelo se realiza alguna actividad productiva relevante.

De hecho, el impuesto a la tierra en Colombia existe, bajo la figura del Impuesto Predial Unificado, que, como su nombre lo indica, cobra muchas más cosas que solo lo correspondiente al valor del predio. No obstante, por un sinnúmero de problemas, el impuesto predial en Colombia actúa más como un impuesto a la propiedad que como un impuesto al suelo. Es decir, la gente termina pagando más dinero entre más inversión hagan en el predio que poseen que al revés. Un despropósito.

Lo cierto es que una gran cantidad de economistas ya han señalado en innumerables ocasiones que la distribución de la tierra en Colombia y su uso son extremadamente ineficientes, una rareza mundial que pocos países tienen el ‘placer’ de compartir. En 1949 el Banco Mundial señalaba que “la manera de llevar a cabo las actividades agrícolas en Colombia era absurda e injusta, pues el uso de la tierra sigue un patrón inusual. En general, los valles fértiles se emplean principalmente para pastoreo, mientras que se cultivan las empinadas laderas montañosas […] El ganado engorda en los llanos mientras que la gente lucha para subsistir en las montañas”. La cita, que he tomado del trabajo de Cristina Díaz Díaz y Ada López Bayona ‘Los problemas actuales del Impuesto Predial Rural’, es muy diciente.

Sería muy ingenuo creer que los políticos del país no han tomado cartas en el asunto por ignorancia.  El problema de implementar un impuesto a la tierra firme y de proporciones adecuadas no es de teoría económica, es decir, no existe discusión alguna en que a Colombia le beneficiaría mucho que este proyecto tomara forma, creo poder decir, casi sin temor a dudas, que prácticamente ningún experto -se incline más hacia la izquierda o derecha económica- estaría en desacuerdo con esto. No, la realidad es que el problema para implementar este impuesto es, como cosa rara, político.

Todo arreglo social tiene ganadores y perdedores. En los países con instituciones más inclusivas, la diferencia entre los ganadores y perdedores del sistema no es tan grande, los ‘perdedores’ pueden vivir vidas relativamente satisfactorias. En Colombia, un país con instituciones profundamente extractivas, las diferencias son gigantescas y el estilo de vida de los ganadores depende de que el statu-quo no cambie.

La riqueza de las personas más poderosas de este país depende de que el impuesto a la tierra siga estando subrepresentado, si mañana se empezara a gravar a la propiedad improductiva Colombia estaría, en general, mejor, pero esta élite estaría significativamente peor. Dado que no tienen incentivos para llevar a cabo este cambio, se han opuesto ferozmente durante décadas a que el Estado por fin grave a la tierra como se debe. Normalmente el poder político de este tipo de grupos sería bastante problemático para llevar a cabo un cambio, pero si a eso se le suma que en Colombia muchas de estas personas poseen pequeños –y a veces grandes- ejércitos privados, pues ya podemos ir entendiendo por dónde van los tiros.

Alguien podría preguntarse si realmente es justo gravar fuertemente a los terratenientes del país, quizá la tierra en Colombia esté mal repartida, pero esto no significa necesariamente que ellos sean una minoría que no represente los intereses de un sector significativo de la población. Además, quizá haya algunas hectáreas improductivas, sí, ¿pero acaso no son ellos empresarios también, que producen valor agregado?... Bueno, la verdad es que las cifras son tan exageradas, que ni dan para matices.

De acuerdo al economista e investigador Salomón Kalmanovitz, de alrededor de 80 millones de hectáreas rurales que existen en el país, 36 millones son improductivas. Estamos hablando de que casi el 50% del suelo rural del país no sirve para básicamente nada. Pero podemos irnos todavía más lejos, resulta que el 52.1% -según datos del PNUD- de los terrenos rurales están en manos del 1.5% de la población. No hay que abusar de las minorías, pero la verdad es que es ridículo que los intereses del 1.5% de la población estén encadenando el futuro del resto del país.

Lo peor del caso es que los terratenientes no solo se benefician de prácticamente no pagar impuestos por sus predios, sino que generan plusvalía de ellos, puesto que cuando el Estado llega a los alrededores de sus parcelas, a llevar servicios, carreteras y cualquier otro tipo de infraestructura, sus terrenos se avalúan mágicamente, sin que ellos hayan invertido un solo peso. De hecho, se los pagamos nosotros, a través de la inversión pública que tanto le pedimos al Estado y que terminamos pagando a través de los impuestos estrambóticos que siempre se está inventando el Gobierno de turno.

Y ni siquiera me he metido en la discusión, probablemente necesaria, de si realmente tiene sentido que, de las 44 millones de hectáreas productivas del país, solo cuatro millones se dediquen a la agricultura y 40 millones a pura ganadería. Lo cierto es que la batalla política que debería estar teniendo este país –al menos una de las más importantes- es la de hacer que se empiece a gravar la tierra como es debido, no la de pedir más subsidios o expansiones insostenibles del Estado de bienestar. Si se logra cortar esa ancla, lo demás vendrá por añadidura.