La realidad del Chile de estos días está cruzada por las consecuencias de los incendios forestales y urbanos que han afectado a la zona centro sur del país.

La situación ha sido realmente dramática dejando hasta el momento a casi 6.000 personas damnificadas, 1.250 viviendas destruidas, 1.035 dañadas y 24 personas fallecidas. Al drama anterior podemos agregar que hay 904 viviendas en evaluación, 13 establecimientos educacionales destruidos y 374.000 hectáreas de terreno consumidas por el fuego.

Además de los brigadistas especialistas en combatir el fuego hay cerca de 3.000 voluntarios de bomberos de todo el país apoyando en las faenas de control y extinción del fuego que, según palabras de nuestras autoridades pueden extenderse hasta el mes de marzo. Toda esta situación descrita ha generado muestras de apoyo y solidaridad de países como Argentina, México, Colombia y España que han comprometido recursos humanos y técnicos para enfrentar esta catástrofe.

La Corporación Nacional Forestal de Chile, CONAF, define que “un incendio forestal es un fuego que, cualquiera sea su origen y con peligro o daño a las personas, la propiedad o el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales, a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que encuentre a su paso.”

Y más adelante agrega que “El origen de los incendios, recae en la acción humana. El 99,7% de los incendios se inician ya sea  por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por prácticas agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva.”

La gran cantidad de incendios forestales activos que registran las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía  se relacionan directamente con una ola de calor con temperaturas máximas excepcionales  que bordearon los 40° y que se podrían extender hasta el mes de marzo.

Esta ola de calor favorece  que se propaguen los focos de fuego y se cumple lo que los expertos llaman “La Regla del 30”, es decir una temperatura ambiental igual o superior a los 30° Celsius, rachas de viento superior a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del aire inferior al 30%

Lo que nos han demostrado los incendios forestales en Chile, en especial los de este año y los del año 2017, es que son un factor de cambio y transformación negativa con tremendos costos sociales, ambientales y económicos: pérdidas de vidas humanas, impacto sobre la flora y fauna local, las especies animales introducidas como también las mascotas, pérdida de viviendas y emprendimientos económicos de las familias, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, degradación de los suelos, sólo por enumerar algunas de las más evidentes consecuencias.

La estadística, no solo de Chile, sino que a escala global, nos demuestra que se ha registrado un aumento e intensidad de los incendios forestales que terminan abrasando también zonas urbanas o suburbanas. Sin duda que el cambio climático global y la intensificación de las olas de calor son fenómenos presentes a escala planetaria, pero no podemos dejar de considerar el impacto que tienen, a nivel nacional, las decisiones económicas que se explicitan en la organización del territorio.

Desde mediados de la década de 1970, la dictadura militar en Chile, influida por las medidas económicas monetaristas y neoliberales de la escuela de Chicago, impulsaron una apertura del modelo económico que llevó a orientar el uso de los suelos de acuerdo a ventajas comparativas en función del mercado internacional. Desde ese momento los productores debían ser competitivos a escala global y ser capaces de poner a disposición del mercado global, productos de mejor calidad y al más bajo precio posible.

Ello implicó toda una revolución en el uso del suelo y el surgimiento de exportaciones no tradicionales que venían a aumentar la matriz exportadora reduciendo el impacto del cobre en la balanza comercial de Chile. Específicamente en la zona centro-sur del país se empezó a consolidar, bajo estos nuevos parámetros establecidos, una industria forestal basada principalmente en dos especies exóticas de crecimiento rápido, a saber, el eucaliptus y el pino.

La consecuencia inmediata sobre el paisaje rural del país fue que el mono cultivo de alguna de estas especies vinieron a reemplazar las zonas de bosque nativo, matorrales o de uso agrícola. La realidad nos indica que estas extensiones de plantaciones forestales han generado impactos negativos sobre la disponibilidad hídrica de la zona comprometida, permitiendo el avance de la desertificación, el aumento de material combustible y resinoso, inexistencia de discontinuidades mediante la zonificación de usos de suelo para disminuir la propagación del fuego y de regeneración de bosque nativo con el fin de recomponer las funciones de regulación hídrica durante la estación seca.

A lo anterior podríamos agregar la escasa responsabilidad de las empresas forestales presentes en el área para prevenir incendios forestales e inclusive el ya histórico conflicto de los últimos 50 años de nuestra historia entre estas empresas forestales y las reclamaciones territoriales de los pueblos originarios de Chile en la zona del país en que se concentran. Las reclamaciones de los pueblos originarios también tienen relación con la transformación del paisaje y el impacto que el monocultivo tiene sobre las condicionales ambientales y la flora y la fauna endémica de dichos espacios.

Hoy tenemos a todas las autoridades del país, desde los niveles centrales y nacionales y hasta el nivel comunal comprometidos con este dantesco panorama. El gobierno ha tenido un gran despliegue y ha sabido asumir la situación como una problemática de Estado: ha convocado a autoridades y ministros de las dos administraciones anteriores que hayan tenido experiencia al respecto formando mesas de trabajo que permitan implementar las mejores y más diligentes políticas. También ha demandado la responsabilidad del empresariado y la solidaridad de cada uno de los habitantes del país que no podemos mantenernos al margen de las situaciones de dolor y pérdida que viven muchos de nuestros conciudadanos.

El despliegue del gobierno ha sido total, incluso con autoridades de carteras muy lejanas al conflicto asumiendo responsabilidades que demandan la necesidad de asumir con sentido de urgencia las necesidades de los afectados, en su gran mayoría hombres, mujeres y niños de condición humilde y que luchan día a día para mantener condiciones mínimamente aceptables de existencia. La recuperación de viviendas, enseres, comida y ropa son aspectos que no pueden esperar, ya que el fuego lo consume todo. El proceso de catastro de las personas afectadas y la generación de apoyos económicos y administrativos han sido prioridad para el gobierno de Gabriel Boric.

Al mismo tiempo urge revisar la legislación vigente que imponga condiciones a las empresas forestales de medidas preventivas para reducir drásticamente la ocurrencia de estos eventos y de obligarlas a asumir la responsabilidad en las pérdidas materiales que de ellas se deriven y también de las consecuencias penales producto de irresponsabilidades o del no cumplimiento de las condiciones legales que se establezcan. Desde hace mucho tiempo que la legislación protege, al menos en Chile, más al negocio que a las personas, tan propio de una economía extrativista como la que ha modelado de manera tan ortodoxa este país.

Parece que poco aprendemos al respecto en nuestro país, son las mismas condiciones excepcionalmente favorables que se le han entregado no solo a las empresas forestales, también a la minería, a la pesca industrial, a la salmonicultura,  a la fruticultura y vitivinicultura de exportación, que logran pingues ganancias para unos pocos  a costa de depredar ecosistemas y de remuneraciones de hambre, con una nula responsabilidad social. Recordemos que Chile ha sido acusado en varias oportunidades de dumping social, que en simple significa que se exportan productos en condiciones de ventajas comparativas a cargo de sueldos miserables para quienes trabajan en su generación.

Más aún, el modelo resulta ser ortodoxo para destacar sus beneficios: generación de riqueza, inversión, modernización productiva, generación de empleo. ¿Cuántas veces hemos visto a flamantes empresarios hacer gárgaras de ello en los más variados medios de comunicación? Pero son  completamente indiferentes para con las consecuencias ambientales y sociales que de ellos se derivan. La muestra es tácita en la emergencia actual generada por los catastróficos incendios en la zona centro sur de Chile: se reclama toda la posible ayuda del gobierno, se apela a la solidaridad de las personas de a pié y las grandes empresas, responsables en gran medida de la terrible situación, brillan por su ausencia.