Entre desmanes y uso ilegítimo de la fuerza

Intento ver y leer prensa de confianza, nacional e internacional; he obtenido información vital de los últimos acontecimientos en Colombia: Una tercera parte de los CAI’s de la ciudad de Bogotá han sido incendiados y destruidos. En una de estas estaciones, Javier Ordóñez, un abogado de 45 años, apareció públicamente detenido con tasers y sorpresivamente con nueve fracturas de cráneo, que en el susodicho CAI le perpetraron antes de morir poco después en un hospital. En la percepción de los colombianos, los CAI son focos de abusos, corrupción y tráfico de drogas pero también símbolos de autoridad. Para los más jóvenes y su imaginario colectivo, están contaminados con funcionarios corruptos, untados de malas mañas y viciados del cáncer de la tramoya y el chanchullo. Para los más adultos, simbolizan autoridad, jerarquía y el respeto a instituciones que por mucho tiempo de su vida estuvieron ausentes y que con su llegada, trajeron la figura desconocida en su tiempo del tan anhelado Estado.

Ni siquiera durante el Paro Nacional del 2019, en el que murieron cuatro personas, las protestas desencadenaron tanta violencia. Ni durante esa ola de protestas, que incluyó casos de abusos policial, la respuesta de las autoridades fue tan violenta. Esta vez, la policía mostró una faceta tipo colectivo chavista durante las últimas décadas: Armados a lo Venezuela, apuntaban contra la muchedumbre y con civiles encapuchados y de identidad camuflada persiguieron jóvenes, la gran mayoría centenials que luchaban por los que creen sus derechos. 14 personas han muerto, muchos quedaron heridos, víctimas de parte y parte en una lucha donde los ciudadanos son llamados a respaldar y los policías a proteger. Es una lucha del yo contra el yo mismo de un organismo que se ataca así mismo, un lupus social que nos carcome.

La policía y el presidente Iván Duque intentaron tomar partido en lo sucedido, arrepentidos por lo acaecido con el colega Ordoñez, manifestaron que existen 1.924 procesos disciplinarios contra funcionarios policiales de los cuales han sido sancionados 276 oficiales en los últimos 18 meses por abusos de fuerza. No se si dicha cifra que representa menos del 15% de sanciones era necesaria dejarla en evidencia, echando leña al fuego. Por otra parte, un informe de inteligencia de la misma policía hoy puesta en entredicho por la ciudadanía fue filtrado a la prensa, donde se asegura que la toma y ataque contra los CAI’s era una jugada de grupos subversivos y de izquierda.

Y con toda esa guerra de policía disfrazada de colectivos chavistas y manifestantes de delincuentes y asonada social, nadie sabe para dónde vamos.

Esta generación no es apática a la política sino que está dando golpes con manopla y fuerza sobre la mesa, reclamando lo que ya han obtenido y no piensan dejar: libertad individual incuestionable, respeto por los mínimos democráticos, y transparencia de las autoridades, como un mínimo de diálogo. Por su parte, las autoridades, dominadas por otra generación, predican una verdad que creen real y a la cual no le permiten réplica y buscan la uniformidad de una ciudadanía que quieren vestir de blanco y negro ignorando que su naturaleza es de una multiplicidad de colores imposibles de clasificar.

Sin embargo, el respeto por el otro, a darle cabida y comprensión al diferente, el detenerse a escuchar lo que tienen que decir parte y parte, ninguno de los bandos se ha detenido a inclinar su oído con humildad al otro. ¿Que lo de la Policía es inexplicable, imposible de defender y absolutamente censurable? Sí, es una total vergüenza que algunos uniformados crean que prestan un servicio cuando abusan de su fuerza y matan a un ser humano a golpes, así fuera un delincuente. ¿Qué es una vergüenza que lo de las protestas hayan destruido locales, estén muriendo a diario en la lucha confrontada, ejecutando desmanes y categorizando a los oficiales como objetivos de ataque, reflejando una ausencia total de confianza institucional? Sin duda. En estos momentos, está totalmente desdibujada la lucha democrática, cercenadas las razones reales de fondo que justifican la crítica y las reformas que tanto necesita la Policía Nacional y que, por el contrario, están obligando al Estado a retomar la militarización, efecto absolutamente contrario al deseado por la ciudadanía reclamante.

Pues ni lo uno ni lo otro querido lector.

La institucionalidad debe iniciar condenas prontas, justas y proporcionadas con la traición al uniforme que implica el uso desmedido de la fuerza; debe hacerlo ya. El trabajo cooperativo entre las diferentes entidades encargadas de juzgar a los responsables no da espera y la necesidad de justicia de un pueblo sin norte, debe servirse en caliente. Pero los líderes de las protestas necesitan guiar a sus manifestantes o marchar con ellos, poner su pecho al frente de lucha, como buenos líderes, y dejar de enviar jóvenes que defraudados por un Estado que no los representa, sirvan de carne de cañón. Ambos, en posiciones intolerantes e intransigentes, sólo romperán la poca tela que le queda a nuestra bandera y nación, y rasgarán consigo el tejido social que tan difícil ha sido construir durante el tiempo. Aquí, si alguno de ambos bandos triunfa, nadie gana. Debe haber un llamado a una tregua, antes de que sea demasiado tarde. Debemos como sociedad reversar la intención de una parte de la política de militarizar la policía nacional; en nada nos ayudará retroceder tanto en el tiempo. Pero de la misma manera debemos detener de un tirón la intención política que se está propagando y reviviendo según la cual todas las formas de lucha son permitidas como medio para lograr propósitos políticos, así sean loables y democráticos.

¿Quién sería el llamado, entre estos bandos, para mediar con autoridad y justa razón para detener esta lucha donde triunfe quien triunfe será un total fracaso para la ciudadanía y la Nación? Respuesta: Los entes de control. Deben honrar sus cargos: en Colombia existe preocupación que son entes de bolsillo, que han desdibujado su propósito constitucional que renuncian a sus cargos de magistraturas, de ministros, de amigos, de colegas de universidad, para venir a supuestamente controlar. Pues aquí no están en juego sus intereses, aquí está en juego la institucionalidad y la Nación. Una generación joven que se estrena en los avatares democráticos y que se alza en rebeldía, debe sentir y saber que puede confiar en los entes que controlan al Gobierno y en las entidades que juzgan imparcialmente a sus investigados. Es momento que demuestren su talante o entreguen en manos de radicales la política del país. Serán los entes de control, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía y Contraloría, los responsables de que esto no ocurra y quienes deben abanderar con el auspicio de organismos internacionales, un diálogo honesto, frontal y efectivo que termine con esta justa reclamación desmedida por el uso ilegítimo de la fuerza de parte y parte. En Uds., encomiendo esta patria que ya pasó y la patria que llega.