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10:36 am. Martes 10 de Mayo de 2022
Opinión
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En los años ’70, Nestlé fue acusado de promocionar el uso de leche en polvo en países africanos en donde la fórmula era mezclada por las madres con agua insalubre. Según los denunciantes, la compañía era consciente del impacto que ello tenía en el aumento de la mortalidad infantil y, deliberadamente, omitía adelantar cualquier acción para mitigar los efectos de su operación en la región.

Aunque no asistía responsabilidad a la compañía por las condiciones de salubridad de África, Nestlé fue objeto de uno de los boicots más conocidos de todos los tiempos: La sociedad demandaba de la empresa no solamente un cumplimiento pasivo de las normas, sino una proactiva intervención en el cuidado de la población y en el impulso del progreso de la comunidad. Al final, este caso llevó a la creación de normas internacionales en la promoción de los sustitutos de la leche materna pero, tanto o más importante, a una serie de campañas de la multinacional suiza dedicada a la promoción de los derechos humanos alrededor de todo el mundo.

En Colombia, una de ellas es muy conocida a través de su marca Nespresso. Reviving Origins es el programa implementado tras la firma del Acuerdo de Paz en Caquetá para trabajar de la mano con caficultores en una zona especialmente golpeada por el conflicto armado “para que el café pueda prosperar de nuevo y ser una fuente de ingreso en esta región” (pg. web). Con ello, Nestlé no solamente busca llevar buen café al mundo, sino dejar, en la región, un modelo de negocios sostenible económica, ambiental y socialmente.

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial -RSE- no es nuevo. Sin embargo, solamente hasta las últimas dos o tres décadas cobró protagonismo en el argot corporativo para referirse al deber de las empresas de operar de forma sostenible frente a los bienes colectivos de la región que impactan. Hoy, son varias las empresas que, en su operación ordinaria, se comprometen con la “Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU” para emprender “un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar nadie atrás” (un.org/sustainabledevelopment). Los objetivos previstos en esa agenda son muy variados -desde medidas para combatir el cambio climático hasta políticas antidiscriminación de población vulnerable- pero todos buscan preservar los valores que, multidimensionalmente, determinan el desarrollo social de cualquier población.

Ahora bien, para que una política de RSE sea efectiva, se requiere que asegure su propia proyección en, por lo menos, cuatro dimensiones: una económica-interna (debe contribuir o, al menos, no obstruir la generación de utilidades entre sus socios-accionistas), una económica-externa (debe impulsar la generación de riqueza en la comunidad y el desarrollo general de la economía), una social-interna (debe velar permanentemente por la calidad en el trabajo y la protección de los derechos individuales de sus colaboradores) y, finalmente, una sociocultural o de política externa (dirigida hacia la promoción del bienestar colectivo y el cuidado de los bienes de la comunidad que impacta en su operación). Esa última dimensión es la que, más comúnmente, se asocia con la idea de “valor compartido”.

A principios de 2011, Porter y Kramer emplearon este término en el título de su revolucionario artículo de Harvard Business Review, en el que propusieron repensar el capitalismo desde este concepto. La idea básica es que el desarrollo capitalista obsesionado con resultados a corto plazo es insostenible en el tiempo, pues fomenta prácticas que terminan por sacrificar al propio consumidor como individuo y como comunidad. Piénsese, por ejemplo, en la decisión corporativa de buscar una mayor competitividad en los precios trasladando la operación a un país con menor protección laboral. Esto permitiría, inmediatamente, abaratar el precio del producto, pero el costo que tendría en la economía arrojaría un saldo negativo para la operación que se cobraría a largo plazo.

La idea de “generar valor compartido” es burdamente obvia cuando se expresa en términos simples: de nada sirve desarrollar el mejor producto si la comunidad no tiene los medios para adquirirlo. Según Porter/Kramer, cuando los factores sociales, ambientales y culturales, entre otros, son tomados en consideración, la generación de valor solo es viable si arroja un superávit compartido entre la comunidad y el ciudadano corporativo.

En definitiva, una cosa es clara: la generación de valor compartido no es asunto de filantropía ni de moralidad. Muchas empresas ya han comprendido que la lógica económica, bien pensada, lleva indefectiblemente a la conciencia sobre la importancia de generar valor no solo para la compañía, sino para toda la población. Puesta en esos términos, la responsabilidad social empresarial es un imperativo para la competitividad de cualquiera que tenga una mediana aspiración a proyectarse hacia el futuro. Bien haríamos todos en ocuparnos de este tema.

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