Durante la semana pasada se entregó la última cuenta pública que, por mandato constitucional, debe entregar el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su segundo período de gobierno. Para muchos de los que ya tenemos nuestros años y estamos familiarizados con estos eventos, pensábamos que sería una más de aquellas que generan el típico debate entre gobierno y oposición. Para los primeros una cuenta pública sólida, potente y pro crecimiento, mientras que para la oposición una serie de materias pendientes y de las cuales el gobierno no habría dado referencias y menos la intención de hacerse cargo. Nada nuevo bajo el sol.

Había cierto nivel de expectativas producto de la situación de pandemia y de las políticas públicas asociadas con las ayudas que el gobierno ha entregado a las familias del país y también chispazos de éxitos asociados con la política de vacunación que tiene a Chile como un referente en la materia, no sólo a nivel Latinoamericano, sino que también mundial.

Pero en realidad, nada más lejos de lo que se esperaba en términos de impacto mediático y que echó por los tumbos las expectativas de los comentaristas más perspicaces. Creo que fueron dos los temas que en definitiva pasaran a la historia de esta cuenta pública: uno que se podía oler, pero que dadas las características personales del mandatario parecía de lo más improbable y otro que no estaba, definitivamente, en los cálculos de nadie.

El primero tenía relación con una presión instalada desde la oposición en relación a que el presidente Piñera pidiera perdón al país por el mal manejo de la pandemia en términos de ayudas sociales. Las negociaciones con la oposición, liderada por la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, sobre los llamados mínimos comunes, demandaban una ayuda económica universal sobre la base de lo que denominaron mediáticamente, “los mínimos comunes”. A pesar de lo que pensábamos muchos, el Presidente, conocido por su discurso exitista, por la tendencia a la auto referencia, su escasa capacidad de autocrítica y exacerbado protagonismo mediático, pidió perdón por no haber sido diligente en términos de ayudas sociales y no haber tenido la sensibilidad para leer las verdaderas demandas ciudadanas. Todo esto se ha materializado este fin de semana en un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, sin dobles lecturas, sin letra chica y, por fin, directo a los hogares más golpeados por la pandemia y que, en la mayoría de los casos, enfrentaron con recursos propios la mayor parte de las consecuencias socioeconómicas de la crisis,  ya sea retirando en el fondo de desempleo o en los fondos de pensiones de capitalización individual. Raya para la suma, hoy existen más de 5 millones de chilenos que consumieron todos sus fondos previsionales generando un panorama más que complejo para los futuros gobiernos y una desafío indirecto para la convención constituyente que deberá asumir el desafío de pensar un sistema de pensiones sobre la base de una compleja realidad.

En segundo lugar, y aquello que no estaba en los cálculos de nadie, ni siquiera en la minuta previa de la cuenta pública, socializada con los partidos de su coalición, de oposición y con los medios de comunicación, el presidente Piñera se planteó la necesidad de poner urgencia al proyecto de ley presentado por la ex presidenta Michelle Bachelet, con relación al matrimonio igualitario. El anuncio del mandatario sacó aplausos inmediatos entre las no más de cincuenta personas presentes en el salón plenario del Congreso Nacional (disposiciones sanitarias producto de la pandemia), que en su mayoría, sin dudas, no pertenecían a los partidos de gobierno. “Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y de formar familia con el ser amado, y también sobre el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas”, fueron las palabras textuales del mandatario para cerrar la frase con la expresión, “Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”.

Como en tantos momentos históricos, (sin duda que este lo es) la discusión se planteará entre el oportunismo y la convicción con relación a la propuesta. Parece un poco más de lo primero que de lo segundo, ya que una de las banderas de lucha de la agenda valórica del Presidente durante su candidatura fue tajante al establecer que el matrimonio para él era entre un hombre y una mujer. No sería raro que la propuesta estuviera fuera de la ruta de gobierno trazada hace casi cuatro años, para nada, después del estallido social y de la pandemia de coronavirus, el gobierno se quedó sin programa propio y comenzó a deambular, con más errores que aciertos, entre propuestas y conflictos, no sólo con la oposición, sino que, muy especialmente con sectores políticos de su misma coalición que en más de una oportunidad actuaron abiertamente contra las pretensiones del ejecutivo. Para algunos aquí estaría la base de la “traición de Piñera” al apoyar el matrimonio igualitario, ya que se habría sentido más de alguna vez traicionado en sus principios por sus compañeros de coalición. La pregunta que resulta de esto y que daría pié para una nueva columna, sería establecer el costo político en términos electorales, que tendrá para el sector al renunciar a una más de sus más profundas convicciones.

Las voces que más se han escuchado, a modo de evaluación anticipada del gobierno de Sebastián Piñera, tienen que ver con: el fracaso; la falta de sensibilidad y sintonía con la ciudadanía; el peor gobierno de la historia desde el fin de la dictadura. Lo más llamativo es que son frases que se escuchan desde la sociedad civil y se alternan sectores identificados con el gobierno y, sin duda, con los de la oposición. Las encuestas de opinión han elevado al gobierno como el de mayor rechazo de los últimos treinta años y que, a nueve meses de dejar el cargo, parece que demanda una medida abiertamente confrontacional con su electorado más duro, pero que favorezca un reposición de la imagen del presidente, para muchos una de las preocupaciones siempre presentes en la toma de decisiones de este gobierno. Ya en actuaciones anteriores ha puesto en peligro el futuro político de su coalición, ha desoído en más de una ocasión a los presidentes y referentes de los partidos de derecha, todo por cuidar una imagen que ya no existe, que, a juicio de las propias medidas gubernamentales, hay que rehacer o recomponer, sin importar los costos políticos, es la imagen del presidente la que hay que levantar del suelo.

Parece que la medida cobra fuerza y significado, una encuesta realizada por la empresa Cadem, especializada en estudios de mercado y opinión pública, después del anuncio presidencial, demuestra que la jugada de Piñera cobra sentido. De acuerdo a los resultados globales un 74% de los chilenos está a favor del matrimonio igualitario y un 65% (casi los famosos dos tercios de la constituyente) favorecen la adopción homoparental. En ambos casos resultan ser las cifras más altas desde que en febrero de 2014 la propia empresa instaló dichas preguntas en la ciudadanía. En aquella época los resultados, sobre la base de las mismas preguntas y  metodología y, arrojaban un 50% y un 37% respectivamente. Una muestra más de que el estallido social ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad chilena siempre atrasada en la agenda valórica a nivel de nuestra región.

El presidente ya le ha puesto la urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario con adopción homoparental, los coletazos en las primarias presidenciales de su sector las conoceremos el próximo 18 de julio, en donde el candidato mejor posicionado del sector aparece como el más perjudicado, Joaquín Lavín, a lo mejor el político de derecha que más ha criticado la labor del gobierno en tiempos de estallido social y de pandemia, no son pocos los que hablan de una pasada de cuenta.

De convertirse en realidad el proyecto de ley aludido, nos cabe preguntarnos  si alcanzará la ley de matrimonio igualitario para cambiar la imagen del segundo gobierno de Piñera como el peor de la historia de Chile post dictadura, es la última jugada de un presidente  que partió su mandato tratando de erigirse como un referente en el concierto latinoamericano, que instaló una proyección de exitismo al interior del país, pero que concluye con un imaginario colectivo deplorable y dispuesto a presionar sus más sólidas convicciones en pos de salvar su imagen, a la altura de cualquier especulador.