Unimetro
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12:27 pm. Miércoles 20 de Enero de 2021
Opinión
12:27 pm. Miércoles 20 de Enero de 2021

Estamos iniciando el año 2021 que para muchos de nuestros países latinoamericanos mantiene altos niveles de incertidumbre producto de la pandemia y de todas las externalidades negativas que de ella se desprenden, ya sea en ámbitos de los más privados de la vida familiar hasta los grandes agregados macroeconómicos de cada país.

La situación para Chile resulta ser un poco más compleja y también le asigna un grado más al nivel de incertidumbre, producto de las secuelas de un inédito estallido social para la realidad reciente del país que trajo como consecuencia la institucionalización de un espacio para repensar el pacto social entre los chilenos: Un Asamblea Nacional que tiene como objetivo proponer una nueva constitución que debe ser aprobada por un plebiscito de salida.

Esta realidad también se complejiza producto de los procesos electorales previamente establecidos que hacen que entre enero de este año y abril del 2022, se verifiquen en el país más de 11 instancias en que los ciudadanos y ciudadanas deben concurrir a las urnas para votar en elecciones para Gobernadores Regionales (por primera vez en la historia de Chile), Alcaldes, Concejales, Consejeros Regionales, Diputados, Senadores y Presidente de la República. En cada uno de ellos se verifican además primarias electorales con el fin de definir los candidatos de cada uno de los más tradicionales sectores políticos chilenos y con emergencia de los sectores independientes. La situación no deja de ser preocupante, más aún en un clima de descrédito de la política y los políticos tradicionales, que han generado un profundo distanciamiento entre las políticas públicas y el mundo social.

Chile vivirá este año un momento político cruzado por una enorme cantidad de actos electorales que, a la luz de la realidad conocida, genera situaciones de mayor efervescencia política, menos actividad y calidad legislativa, definición de candidaturas que generan más de una diferencia entre y al interior de los sectores políticos, con una ciudadanía cada vez más empoderada y crítica de sus autoridades y del funcionamiento de su institucionalidad.

Lo complejo es que a todo esto hay que agregar que Chile vive un momento constituyente, que supone un desafío mayor para todos los sectores involucrados, que en un año “políticamente ordinario”.

Si, lo que le dará identidad a este año en la Historia de Chile no guarda relación con la intensidad de los actos electorales, lo que eleva al 2021 como una etapa crucial de la historia institucional de Chile es que además de lograr que el país se organice y funcione y que los ciudadanos se empoderen de sus responsabilidades (lo que sería un año político ordinario) es que el país debe generar una profunda, abierta e informada reflexión que apunte a construir entre todos un nuevo pacto que nos permita funcionar y organizarnos, por al menos, los próximos cuarenta años.

He ahí la especificidad del fenómeno en Chile (o para cualquier país del mundo que vida un proceso constituyente), los momentos constituyentes son escasos, en ellos se discuten las bases mismas de la vida social y a diferencia de una etapa política ordinaria, es el momento en que se rediseña el juego y se definen las reglas que organizarán la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones.

Chile no tiene una tradición muy democrática al respecto, los últimos momentos constitucionales fueron en 1925 y 1973 y están, cada uno de ellos en su especificidad, muy lejanos a representar actos democráticos e integradores, muy por el contrario, son expresiones de elitismo, exclusión y autoritarismos que, a la luz de los últimos  movimientos sociales en Chile, es todo lo contrario que ha inspirado a la ciudadanía para presionar e imponer a la clase política la necesidad de repensar nuestras instituciones y el pacto social.

Es por ello que el desafío resulta ser relevante y transversal y requiere del aporte genuino y el compromiso de todos, ya que no solo estamos hablando de nuestra convivencia actual, sino que al menos la que legaremos a un par de generaciones. Por lo anterior el rol de todos los actores políticos y sociales debe estar en sintonía con este profundo compromiso.

La sociedad chilena, para muchos intelectuales locales, se ha modernizado, ha estallado la pluralidad y con ello la idea de nacionalidad homogénea está en crisis, es una sociedad que se ha mirado a sí misma y que, en gran medida, no le ha gustado lo que ha visto, es decir, hay una evaluación bien generalizada de la sociedad que hemos construido entre todos (algunos más y otros menos, pero todos al fin) y que se encuentra muy lejana a la que aspiramos a construir. El momento constituyente, por ende, eleva su compromiso y responsabilidad, y en esos términos resulta más desafiante auto pensar el colectivo social.

Lo inédito del proceso nos ha llevado a mirar momentos constituyentes de otros países que aspiramos a replicar desde sus consecuencias más positivas. Los casos de Sudáfrica y de Colombia resultan relevantes de tener en cuenta y deberían ser inspiradores para una reflexión profunda que tiene como piso un análisis descarnado de la realidad social e institucional de Chile.

Pero más allá de los aspectos positivos en términos organizacionales y de funcionamiento, debemos estar a la altura moral para poner lo mejor de cada uno de nosotros en develar el más positivo futuro institucional para Chile y no contaminar (muy difícil en un año electoral por lo demás) con intereses mezquinos y partidistas los más genuinos y nobles  deseos de un extenso y profundo movimiento social que reclama un Chile más justo, solidario, pluralista e inclusivo.

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