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Chile: el proceso constituyente de hoy y de ayer

“He ahí el símbolo de nuestros políticos. Siempre dando golpes a los lados, jamás apuntando el martillazo en medio del clavo. Cuando se necesita una política realista y de acción, esos señores siguen nadando sobre las olas de sus verbosidades", escribía Vicente Huidobro en la revista Acción en el año de 1925 en su recordado “Balance Patriótico”.

Chile venía de celebrar el Centenario de la Independencia en medio de una crisis política y moral que terminó con la forma de hacer política de una oligarquía indiferente de los grandes problemas de la ciudadanía y que pronto sería reemplazada, en el ejercicio del poder, por una Clase Media que adquiría conciencia de clase y que lograba una alianza de largo aliento con los sectores populares emergentes.

Hoy estamos a casi los mismos años de haber celebrado el Bicentenario de nuestra independencia y parece que la cuestión no es muy diferente. Un estallido social que se rebeló contra una imagen de Chile que fue vendida por la elite política y que demostró que no éramos la isla a la que se refería el presidente Piñera a inicios del 2019. Aún más, en ambos momentos históricos hubo, a través de mecanismos distintos pero que terminaron naufragando en aguas bastante parecidas.Para el año de 1924, el ejército chileno se había declarado en una posición de clara deliberación. En 1900 se había dictado la Ley de Servicio Militar Obligatorio y empezaron a llegar a las filas del ejército jóvenes de familias modestas, mal vestidos, mal aseados, mal alimentados, afectados por la política indiferente de la oligarquía gobernante. Aún más, el mismo ejército, con sus sueldos impagos, con escasa claridad sobre las políticas de ascenso y retiro, vivía sus propios conflictos institucionales.

Un pronunciamiento militar y golpes de Estado, permitieron aprobar la primera legislación social relevante de la historia del país, provocar la renuncia de Alessandri, dos golpes de Estado, una Junta Militar y una Cívico Militar de gobierno y el regreso de Alessandri, para concluir los últimos meses de su gobierno, apoyado por la oficialidad joven que tenía aspiraciones refundacionales para Chile y buscaba sepultar a una oligarquía que no se hacía cargo de los grandes problemas del país. Sin duda que fueron años turbulentos para la Historia de Chile, pero también años de esperanza y de ilusión. Se buscaba generar un amplio movimiento ciudadano en que las sensibilidades de muchos, casi siempre postergados, fueran incorporadas en la nueva legislación. Alessandri, con la connivencia de sectores militares terminó con dicho sueño ciudadano y, entre cuatro paredes y con un grupo de amigos personales, legitimado a través de un plebiscito bastante cuestionable, se aprobó la Constitución de 1925 que, con reformas significativas, rigió los destinos de Chile hasta el golpe de Estado de 1973.

Prácticamente 100 años después, parece que, un efecto mariposa de largo aliento, nos entrega un nuevo “déjà vu” histórico. Los caminos pueden no haber sido los mismos, pero los resultados y las sensaciones que nos quedan son muy parecidos. De un estallido social que parecía remover los cimientos de una sociedad tremendamente desigual, que sensibilizó a la clase política y hasta el empresariado a realizar dolorosos mea culpas, hasta una deslegitimación y la elitización del proceso constituyente, tal cual ocurrió hace cien años. No tenemos claridad aún de lo que detonó el fracaso de un movimiento amplio, democrático y esencialmente legitimado a través de sendos procesos plebiscitarios y electorales: para algunos la arrogancia de los sectores de izquierda que instrumentalizaron el proceso para pasar cuentas sobre temas ampliamente postergados; para otros una campaña desde la misma élite política que nunca, ni con la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, creyó en dicha vía para renovar la institucionalidad chilena y terminó torpedeando el proceso, desde adentro y desde afuera, generando una emocionalidad que reprochó el accionar de la Convención Constituyente y que terminó siendo clave en el rechazo en el plebiscito de salida.

Hoy, cien años después,  nos encontramos nuevamente en manos de una elite política que está definiendo, ante una ciudadanía pasiva y que después de todo lo vivido vio apagada la fiebre constituyente, un nuevo protocolo para generar una nueva constitución para Chile.

Los partidos políticos definieron un nuevo derrotero: el senado y la cámara de diputados designarán una Comisión de 24 expertos en partes iguales, que redactará un borrador de Constitución sobre la base de ciertos fundamentos, los llamados “Bordes Constitucionales”, establecidos por los mismos partidos políticos. El proceso da incluso para generar un nuevo lenguaje constituyente, “los bordes” fueron elevados al nivel de “12 bases constitucionales”, que contiene distintos fundamentos  que debiesen estar presentes a la hora de enfrentar la redacción de un nuevo texto. A saber: Chile es una república democrática, cuyo poder radica en el Estado Unitario y Descentralizado; consagrar a Chile como un Estado Social de Derecho; respetar los emblemas patrios; proteger los derechos fundamentales como la libertad de conciencia, de culto, el derecho a la propiedad, a la vida y a la libertad de enseñanza; consagrar los Estados de excepción constitucional en materias de orden y seguridad; la subordinación de las Fuerzas Armadas y Carabineros al poder civil; reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena; reconocer la separación e independencia de los poderes del Estado, con un poder legislativo bicameral; consagrar la autonomía del Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría; consagrar el cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad; establecer que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en los tratado internaciones.

Al sopesar las bases constitucionales, con la Historia reciente de Chile, desde los movimientos sociales de 2006, incluyendo el estallido social, y el trabajo que arrojó la Convención Constituyente, sólo 2 de las 12 bases constitucionales están más en sintonía con las reivindicaciones y demandas ciudadanas: un Estado Social de Mercado y la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Los demás o son resquicios para proteger ya viejos privilegios o un poco más de lo mismo que ya había.

El trabajo de la Comisión de Expertos será entregado a un Consejo Constituyente de 50 integrantes elegidos de acuerdo a la lógica territorial con la que se elige al Senado, sin duda la cámara menos representativa y legítima del poder legislativo y que, en gran medida, responde a una organización en circunscripciones pensada por la dictadura militar con posterioridad al plebiscito del 5 de octubre de 1988, que dijo NO a la continuidad de Pinochet. Su lógica es, sin duda, una continuidad del planteamiento de Jaime Guzmán, Ideólogo de la refundacional  Constitución de 1980, en que, como decía el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), “…aunque perdamos el poder, no podrán hacer lo que ellos quieran”. La Comisión de Expertos seguirá funcionando y tendrá derecho a opinar, pero no a votar sobre los acuerdos que terminen siendo parte de la nueva constitución.

También se constituirá un Comité Técnico de Admisibilidad que estará compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas.

En las últimas semanas se ha discutido el itinerario de este nuevo proceso que incluye la elección de la Comisión de Expertos por parte de poder legislativo y su instalación; la elección de Consejeras y Consejeros Constitucionales; la instalación del Consejo Constitucional; la fecha de entrega del proyecto de Constitución de la República de Chile y; un Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Todo ello en un plazo mucho más acotado que el anterior y, la originalidad, bien poco democrática por lo demás, sin Plebiscito de entrada.

 A todas luces un proceso controlado desde arriba, que define quienes son los “expertos” y los “juristas destacados”, que establece las “bases constitucionales” y el “ideario” y que busca  legitimarse a través de la obligatoriedad del voto. Como diría un querido y admirado amigo, “esto está más arreglado que una mesa de cumpleaños”

Lo que resulta aún más preocupante, en términos de valoración actual e incluso histórica, está en relación con el nivel de credibilidad que a los ojos ciudadanos tiene la clase política chilena que está definiendo el actual derrotero constitucional y gran parte de su contenido. El miércoles recién pasado, el Centro de Estudios Públicos, entregó los resultados de una encuesta  que resulta ser un duro golpe para el gobierno, alineado con el actual proceso constituyente, para la popularidad de la clase política y muy especialmente para el Congreso Nacional. Dos tercios de las personas encuestadas  reconocen un muy bajo nivel de nuestra clase política, la misma que está tomando con un alto nivel de exclusión una decisión  tan importante como el futuro constitucional de nuestro país.

Han pasado cien años desde el Balance Patriótico de Vicente Huidobro, que terminaba su artículo de la siguiente manera: “Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años. Carrera, a los 22; O’Higgins, a los 34, y Portales, a los 36. Que se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de entusiasmo y de esperanza.

Espero muy sinceramente que la juventud chilena, hoy sin el entusiasmo de hace dos años, se auto convoque para ser parte de este proceso constituyente,  como la única esperanza para darle una cuota de mayor legitimidad a un proceso que controla, limita y excluye, tal como reza la Historia Constituyente de Chile.