En la pasada columna, hace apenas ocho días, presagiábamos lo que se vislumbraba como una verdadera tragedia social en nuestro país. Basado entonces en el cúmulo de acontecimientos coincidentes con la pandemia del Covid-19, aunado a la proyectada reforma tributaria, a las protestas que estaban agendadas e inclusive a las llamadas encuestas políticas y los muertos que además del covid se venían presentando como consecuencias de las reiteradas masacres de líderes sociales y de la población civil.

Hubiéramos preferido haber estado equivocado, y que aquello que anticipábamos, -sin pretender creernos profetas- no hubiera acontecido. Pero a la luz de los resultados lamentables y tenebrosos, no podemos menos que sentir congoja y tristeza por lo que pudo no ser pero fue. Y, todo por la prepotencia e imponencia de unos pocos a los que la suerte del pueblo pareciera nada interesarle.

Es cierto que las marchas de protestas organizadas por centrales obreras, organizaciones sindicales y la misma población estudiantil estaban programadas de antemano; pero todo era factible de cancelar o postergar si el Gobierno encabezado por el Presidente Iván Duque, el Ministro de Gobierno y el Ministro de Hacienda Carrasquilla, hubieran claudicado en su afán omnipotente de presentar la pretendida reforma tributaria. La respuesta a la provocación gubernamental, que no de otra forma podríamos denominarla, no es otra que la situación trágica que se ha vivido desde entonces en todo el  país. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han vivido horas interminables de zozobras. Momentos incendiarios, muertos y heridos, almacenes y centros comerciales vandalizados, el transporte público y negocios acabados por la muchedumbre son parte de las estadísticas que nos dejan horas tras horas las manifestaciones.

Verdadero infierno en las capitales nombradas y otras donde igualmente, días y noches de terror y horror se han vivido tras los actos vandálicos o terroristas como les llama el gobierno, haciendo mella en la ciudadanía y patrimonios. Pero la pérdida de seres humanos, ¿Cuántos? No se sabe con exactitud, centenares de heridos, muchísimos desaparecidos, CAIS incendiados con riesgo de policías a punto de ser incinerados por turbas violentas, buses y automóviles públicos quemados, almacenes robados y la lucha frentera de la policía y el Esmad constituyen la triste y vergonzosa realidad de un país que clama igualdad y justicia.

Un ministro de hacienda burlón e hipócrita que maquiavélicamente quiso imponer su voluntad con el respaldo de un Presidente autoritario del que se reconoce su vocablo ¡VA PORQUE VA! Fue el “Florero de Llorente” de un pueblo agobiado, en la miseria y agotado ya de tanta infamia que desafió a costa de vidas inocentes el derecho a ser escuchado y tenido en cuenta.

¿Mereció acaso la muerte bajo balas asesinas del Estado el clamor de la gente para no seguir siendo ultrajado inclemente por un gobierno nefasto que cada día ahoga más y más sin recato alguno? Un gobierno heredado de dos décadas en el que el imperio del poder ha estado por encima del derecho ciudadano.

Tal desastre y sacrificio de vidas pudo haberse evitado si el Presidente hubiese desistido de su empeño, y en cambio, como finalmente y obligado por las condiciones, decidió retirar el imprudente proyecto de la reforma tributaria. Los mismos gremios económicos y todas las entidades públicas y privadas rogaron sin ser escuchados.

Las consecuencias están a la vista, mereciendo el gobierno el repudio de propios y extraños, incluyendo la ONU y la Comunidad Europea, pero impera más el silencio mudo de un mandato que intenta justificar sus desafueros calificando a los marchistas de guerrilleros, vándalos y misioneros del narcotráfico.

Claro que si los hay quienes aprovechan las marchas para delinquir, pero no pretendamos estigmatizar que los cientos de miles y miles marchistas son de la guerrilla ni son mensajeros de narcotráfico. Las imágenes televisivas también muestran a policías cambiándose de uniformes para colarse en las multitudes, otros con los chalecos al revés para disimular su accionar y otros más osados que motorizados disparan a quemarropa a jóvenes que transitan desprevenidos por calles y avenidas.

En los primeros cinco días de protestas hubo al menos 19 muertos y más de 800 heridos, según informó la Defensoría del Pueblo. En ocho días de movilizaciones los muertos son más de 24, hay quienes aseguran que son por lo menos cuarenta, cerca de mil heridos entre civiles y policías, muchos desaparecidos  y muchos miles de millones de pesos causados en daños y robos a los bienes públicos y privados. “Al pueblo se le ha dado un tratamiento de guerra”, denunció  la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías, aunque el ministro de defensa señala que la Fuerza Pública ha actuado en concordancia con los protocolos constitucionales.

Ojalá pudiera entenderse que no son las balas ni la brutalizad de fuerzas desmedidas las que acallan voces de los ciudadanos que protestan por sus derechos mínimos de supervivencia. Ojalá se entienda que no son con disparos de policías o soldados –como lo sugirió el expresidente Álvaro Uribe Vélez- como se responde a la inconformidad del pueblo que llevado a su máxima expresión de miseria, sale a las calles a protestar;  ni se  repele con gases lacrimógenos ni mangueras explosivas de aguas que dejan tendido a jóvenes epilépticos y que causan daños corporales que incluso puede llevar a la muerte.

Y ojalá que cuando se anuncian diálogos y concertaciones, el gobierno decline presentar la pre-anunciada reforma a la salud;  tan malvada y peligrosa o quizás más que la tributaria. Asociaciones, instituciones y gremios de la medicina en Colombia se han pronunciado sobre este tema del que aseguran causará más daño a la sociedad porque será un verdadero atentado a la vida de las personas. “Se avecina el gran negociazo de la salud porque van a entregar a firmas extranjeras y privadas de Colombia el manejo total de la salud del pueblo” han denunciado los especialistas de la medicina.