El Gobierno de Brasil le solicitó este miércoles a la Fiscalía que abra una investigación para establecer la veracidad de un testimonio que podría vincular al presidente Jair Bolsonaro con uno de los asesinos de la concejala Marielle Franco, ante la posibilidad de que el testigo haya incurrido en un crimen.

La investigación fue solicitada por el ministro de Justicia, Sergio Moro, que, en un comunicado, citó las inconsistencias y contradicciones del testimonio pues Bolsonaro estaba en Brasilia el día en que uno de los presuntos asesinos de Franco supuestamente fue al condominio en que tiene su residencia, en Río de Janeiro.

"La inconsistencia sugiere posible equívoco en la investigación conducida en Río de Janeiro o eventual intento de citación indebida del nombre del presidente de la República en el crimen en cuestión, lo que puede configurar crímenes de obstrucción a la justicia, falso testimonio o denuncia calumniosa", afirmó Moro en su notificación.

Según el ministro, en caso de que se trate de una denuncia calumniosa contra el jefe de Estado la investigación tiene que ser asumida por el Ministerio Público Federal (Fiscalía) y por la Policía Federal.

"Aunque es posible que el testigo simplemente se haya equivocado o haya sido usado por terceros para esas finalidades", agregó el ministro.

Moro recordó que no es la primera vez que aparece un falso testigo en la investigación sobre el asesinato de Marielle Franco con la intención de obstruir a la Justicia y desviar la atención de los investigadores sobre los verdaderos autores del crimen.

Añadió que, en ese caso, fue la Policía Federal la que descubrió que un testigo había señalado fraudulentamente a supuestos autores del crimen y que contribuyó a identificar a los verdaderos sospechosos.

"Para que los hechos sean debida y totalmente aclarados con una investigación exenta, solicito que ordene la apertura de una investigación para que el Ministerio Público Federal y la Policía Federal verifiquen todo lo ocurrido y todas sus circunstancias", afirmó Moro en la notificación.

Bolsonaro, en un video en el que aparece completamente exaltado y que publicó el martes poco después de que un reportaje de la televisión Globo vinculara su nombre a la investigación por el asesinato de la concejala izquierdista, negó todas las insinuaciones y acusaciones.

Globo obtuvo detalles de la investigación, en la que se dice que el portero del condominio en que Bolsonaro tiene residencia declaró que, el 14 de marzo de 2018, horas antes del crimen, el expolicía Élcio Queiroz, acusado de conducir el automóvil desde el que luego se disparó contra Franco, se presentó en el lugar.

Según Globo, Queiroz dijo que se dirigía a la casa de Bolsonaro, desde la que se habría autorizado su ingreso al condominio, pero en realidad fue hacia la residencia de Ronnie Lessa, otro expolicía y quien vive en la misma urbanización y está acusado de haber disparado contra Franco.

Globo aseguró que, en su declaración a la Policía, el portero dijo que la autorización para la entrada al condominio la había dado por el intercomunicador "el señor Jair".

Sin embargo, Bolsonaro no estaba en Río de Janeiro ese día y se encontraba a 1.000 kilómetros de su casa, en Brasilia, en su condición de diputado, tal como consta en los registros oficiales del Congreso que tanto Globo como el propio mandatario han mostrado.

"O el portero mintió o indujeron al portero a cometer falso testimonio o escribieron algo en la investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí", resaltó Bolsonaro, enfurecido, en su vídeo.

Bolsonaro denunció que quieren "destruirle" y sugirió que Globo, a la que tildó de "canalla", está creando una narrativa para "apartarle" del cargo.

El asesinato de Franco, ocurrido en marzo de 2018, generó una gran conmoción en Brasil debido a que la concejala, negra, homosexual y procedente de una favela, se había caracterizado por su enérgica labor como defensora de los derechos humanos y por sus denuncias contra la violencia policial en Río de Janeiro.

EFE