El procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, definió como un "horror inexcusable" la actuación de un fiscal que no apeló el archivo de dos causas relativas a una adolescente violada y embarazada por su padre, quien fue enviado a prisión recién en 2016 y que posteriormente cometió suicidio.

A raíz de las impericias cometidas por el agente judicial y a falta de medidas disciplinarias por carecer los fiscales de un estatuto propio, se resolvió su redistribución a partir de hoy en una sede que "nada tiene que ver" con asuntos penales o de menores, explicó Díaz.

La falla del fiscal Ricardo Chiecchi se debió a que su actuación se centró en la figura de incesto y no consideró que se tratara de abuso sexual, a pesar de que la ley uruguaya establezca la "presunción de violencia" en menores de 15 años.

"Había un sinnúmero de elementos indicativos de la situación de abuso que corroboraban la presunción de violencia que estableció el legislador y no fueron tenidos en cuenta", dijo el alto funcionario.

El inicio de esta causa se remonta a enero de 2009, cuando una trabajadora social identificó en el departamento de Rivera el embarazo de la menor, entonces con 13 años, cuyo estado de gravidez había sido provocado, según sus vecinos, por relaciones sexuales mantenidas con su progenitor.

En aquel momento, Chiecchi solicitó un examen de ADN para "constatar si el padre de la adolescente era efectivamente el padre biológico del ejecutor del delito", con resultados positivos, explicó el titular del Ministerio Público de Uruguay en rueda de prensa.

Un año y medio después de los hechos, una resolución judicial dictaminó el archivo de la causa por entender que al no existir denuncia por abuso sexual de la chica o de su madre, y al no tener elementos en los testimonios que permitieran "conjeturar la existencia un delito sexual".

Chiecchi no apeló esta resolución, lo que Díaz calificó como "un error inexcusable" ya que no permitió "poder seguir adelante con la investigación", dijo el procurador general.

"Este archivo dictado por el juez y no apelado por el fiscal determinó que la adolescente víctima de abuso sexual siguiera en manos de su abusador por más tiempo aún", lamentó la autoridad judicial.

En 2011, un médico de la policlínica del barrio donde vivía la adolescente denunció que había dado a luz a otro niño, que se encontraba internado en una unidad de cuidados intensivos debido a malformaciones congénitas, y que supuestamente había sido concebido por una relación con el padre.

Este hecho se verificó con un nuevo análisis de ADN pedido por la Justicia, que arrojó "un grado de certeza del 99,9 %" de que los dos hijos de la adolescente habían sido engendrados por su padre.

El fiscal estableció que el caso carecía de la nota de escándalo público para que la relación incestuosa fuera delito, y nuevamente consideró que no se pudo probar la violencia sexual, por lo que no solicitó continuar con la causa, por lo cual la niña volvió a estar bajo la tutela de su padre.

"El dictamen es erróneo porque la violencia se presume, porque no había incesto y porque había violación", resumió Díaz.

A más de 7 años de la primera denuncia, una nueva investigación judicial resolvió este 1 de julio el procesamiento con prisión del hombre, que se suicidó días después de este hecho.

La máxima autoridad del Ministerio Público incidió en las imposibilidad de imponer al fiscal sanciones disciplinarias más allá de su traslado, ya que en el país no existe un estatuto de los funcionarios fiscales que permita hacerlo.

Asimismo, expresó que con el nuevo Código de Proceso Penal que Uruguay implementará a partir de 2017, las víctimas podrán "recurrir e impugnar" las resoluciones del fiscal cuando éste pida el archivo de la causa. 

EFE