La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido hallada hoy culpable de "negligencia" en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra francesa de Economía por el Tribunal de Justicia de la República, aunque ha sido dispensada de ser castigada a pena. 

A lo largo de los cinco días que ha durado el juicio, que comenzó el pasado lunes, Lagarde tuvo que escuchar varios testimonios que ponían en causa su actuación en el caso Tapie.

La entonces ministra, asesorada por sus colaboradores, accedió en 2007 a que fuera un arbitraje privado compuesto por tres personas el que decidiera la indemnización que debía pagarse al empresario por la venta de la firma deportiva Adidas por parte del banco Crédit Lyonnais, entonces público, al que había sido adjudicada tras su expropiación.

El que fuera director de la Agencia de Participaciones del Estado Bruno Bézard declaró que ya entonces sus servicios advirtieron de que dejar esa decisión en manos de tres árbitros privados comportaba "riesgos colosales e injustificados".

Lagarde, por su parte, se defendió asegurando que lo ordenó así tras haber "analizado" los riesgos y valorado "las ventajas y los inconvenientes" de las diferentes soluciones propuestas.

La entonces ministra quiso acabar con un contencioso iniciado en los años 90 y que estaba siendo muy costoso en minutas de abogados para las arcas del Estado.

Un año más tarde, los árbitros tomaron una decisión que costó al erario público algo más de 400 millones de euros, incluidos 45 millones en concepto de reparación moral para Tapie.

Una decisión anulada posteriormente por la justicia ordinaria después de que se conociera que uno de los árbitros tenía relación profesional con el abogado de Tapie.

Una circunstancia que Lagarde aseguró desconocer, momento en el que reconoció que no tuvo en consideración "los riesgos de fraude" ligados a su decisión.

Bézard consideró "escandaloso" que la ministra no recurriera a los tribunales la decisión arbitral, punto en el que recibió el respaldo de la presidenta del tribunal, Martine Ract Madoux, que recordó durante la vista que el prejuicio moral para los padres que pierden un hijo es de 30.000 euros.

En ese punto la propia Lagarde reconoció que no valoró las consecuencias de su decisión, en lo que durante la vista se ha revelado como el principal punto débil de su defensa.

EFE