Con la advertencia de la Procuradora Margarita Cabello Blanco sobre la escalada de violencia que afecta al país y un llamado a la unidad de las instituciones para construir sobre lo construido en cuanto a la paz, culminó el Tercer Congreso de Justicia Transicional organizado por la Procuraduría.

Durante los tres días en que se desarrolló el evento, se hicieron importantes anuncios como el de la apertura inmediata del macrocaso11 que investigará los casos de violencia sexual y de género, por parte del presidente de la JEP, Roberto Vidal, quien reconoció que la persistencia de la Procuradora en lograr la priorización del tema y su marcado interés por las víctimas de estos delitos, ayudaron a superar los obstáculos de diferente índole que habían retrasado su apertura.  

La discusión giró en torno a la centralidad de las víctimas en el sistema de justicia transicional, y la necesidad de adaptar los postulados judiciales a las realidades de cada comunidad, para llegar a un proceso en donde las sanciones no solo tengan componentes de reparación y restauración, sino también contributivo en beneficio de las víctimas.

Como conclusión de esta disertación, y tras el anuncio del presidente de la JEP sobre que a ese sistema de justicia le quedan sólo dos años para generar resultados de fondo en las investigaciones, el procurador delegado de Intervención ante la JEP, Jairo Acosta, aseguró que aún quedan muchos pendientes por resolver antes de poder reconocer los derechos de las víctimas, por lo que esos dos años no pueden constituirse en un límite para conseguir ese objetivo.

En deuda con las víctimas de violencia sexual

Una interesante propuesta sobre vincular a toda la sociedad en la búsqueda de la verdad frente a los crímenes sexuales y de generó, aportando testimonios y pruebas para consolidarla, llegó de parte de la abogada defensora de víctimas de la Corte Penal Internacional, Paolina Massidda, quien, además, resaltó que se debe hacer un esfuerzo por evitar la impunidad y el silencio, y así lograr justicia para las víctimas con su debida reparación.

En este mismo contexto, la procuradora delegada ante la JEP, Uldi Jiménez, dijo que la sociedad tiene que estar preparada para afrontar el macrocaso 11 sobre hechos de violencia sexual y de género, que ya no es una expectativa sino una realidad, y lamentó que las comunidades vulnerables sigan siendo afectadas por el conflicto.

Precisamente, en el marco de estas discusiones, la procuraduría delegada de Intervención ante la JEP entregó a esa magistratura sus observaciones frente al macrocaso 01, subcaso bloque Noroccidental de las Farc, en las que pidió que se impute a sus máximos comandantes por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, entre otros, contra menores de edad, mujeres y ancianos.

Mujeres empoderadas

Además de las disertaciones sobre trabajos y obras reparadoras y el régimen de condicionalidad, el Tercer Congreso de Justicia Transicional tuvo un espacio dedicado a las mujeres como voceras y gestoras de paz.

La actriz Alejandra Borrero, quien ha trabajado desde hace años con las víctimas del conflicto, reconoció la resiliencia y el camino que han generado en búsqueda de la reconciliación y la paz, especialmente, las mujeres en los territorios, representantes de etnias o comunidades afro.

Por su parte, Zeneida López, delegada de Seguimiento al Acuerdo de Paz, aseveró que el conflicto afectó a los territorios más vulnerables y empobrecidos y es en estas regiones es donde deben estar enfocados los recursos. También habló de asegurar que las víctimas puedan ingresar al Sistema General de Regalías y se involucren en todo el proceso de los Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial (PDET).

La gran conclusión de este tercer congreso la dio el delegado Acosta al asegurar que por primera vez, en un evento de esta magnitud, son las víctimas con sus historias, sus posiciones respecto al sistema transicional y aquellos proyectos empresariales que han emprendido para iniciar una nueva vida, quienes están están en el centro.

*Con información de Procuraduría General de la Nación