El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la condena contra la Nación por el escándalo de los seguimientos y perfilamientos ilegales cometidos por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra la actual senadora electa Piedad Córdoba.

La condena de primera instancia había sido dada por el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, que ordenó una millonaria indemnización a favor de Piedad Córdoba por los perjuicios causados a ella y su familia, además de ofrecerles excusas públicas.

"Se probó el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre, como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, que resultan contrarias a las atribuciones constitucionales y legales que se había otorgado al DAS", señala el fallo del Tribunal.

Sin embargo, los magistrados negaron la pretensión de que el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sea quien ofrezca las excusas públicas por las actuaciones ilícitas cometidas por el extinto organismo de seguridad.

"Esta sala no accede a esta petición, como quiera que dentro del expediente no se demostró que el Presidente de la República de ese momento, hubiese dado la orden de las interceptaciones ilegales y desprestigio a la demandante Piedad Córdoba", señala el Tribunal.

Así mismo, concluyó que, "únicamente se demostró que la información recopilada se enviaba al alto Gobierno, por ello, resulta adecuado que sea el director del Departamento Administrativo de la Presidencia quien deba realizar el acto de perdón público”.

El fallo de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la sentencia contra el Estado por las chuzadas contra Piedad Córdoba, consta de 75 folios.