Las autoridades de Córdoba anunciaron este martes el pago de una recompensa de 40 millones de pesos a quienes den información sobre los asesinos del periodista y líder social Rafael Moreno, ocurrido el lunes en la noche en el Municipio de Montelíbano, en la zona sur del Departamento.

Esta fue la principal conclusión del consejo extraordinario de seguridad que se reunió este martes.

En la reunión participaron miembros del grupo élite de la Policía y la Fiscalía General de la Nación desplazado hasta este territorio para investigar el homicidio que ha sido rechazado no solo por organizaciones de periodistas a nivel nacional sino extranjera como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP-,

Moreno era director del informativo ‘Voces de Córdoba’, pero también ejercía como líder comunal de su Municipio.

Dos hombres en moto le dispararon el lunes en la noche en el establecimiento de comidas rápidas de su propiedad, ubicado en el barrio 27 de Julio.

El coronel John Fredy Suarez, comandante de la Policía de Córdoba, explicó que como parte de la investigación se realizó una visita al establecimiento donde el comunicador fue baleado, se inspeccionó el cadáver y se sigue recolectando material probatorio.

Moreno estaba recibiendo amenazas desde el 2019 cuando empezó una serie de publicaciones sobre presuntos actos de corrupción administrativa.

Para Jonathan Bock, director de la Flip, las amenazas más recientes no fueron tenidas en cuenta por la Unidad Nacional de Protección (UNP) “y no se le reforzó su esquema como él había solicitado en junio de este año, es necesario que la UNP haga una investigación interna sobre los motivos por los cuales no le fue reforzado el esquema”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, se solidarizaron con la familia y los colegas de Moreno, y expresaron "sorpresa" por el retiro de la escolta de seguridad con la que contaba.

Ambos instaron a la Fiscalía colombiana a "tomar acciones rápidas para investigar la autoría material e intelectual del crimen y que este no quede en la impunidad", según recoge un comunicado del organismo hemisférico, con sede en Miami (EE.UU.)