El Juez 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó el allanamiento de tres inmuebles y las órdenes de captura contra el abogado Ever Edinson Castro Miranda, alias ‘El Capo’, el notario segundo local encargado Augusto Osorio Berdugo y Diana Patricia Molina Barraza por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. 

La investigación de la Fiscalía inició en 2022, gracias a una fuente que entregó información de organizaciones que delinquen en el Atlántico para las bandas criminales ‘Los Costeños’ y el ‘Clan del Golfo’ y que se encargarían de despojos de tierra a través un equipo  equipo jurídico y enlace con funcionarios públicos

En su tesis, el juez indicó que el procedimiento de allanamiento y captura estuvo bajo el marco legal, por lo que dio viabilidad a esta petición de la fiscal cuarta, July Andrea Velásquez.

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Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades recopilaron pruebas como celulares, memorias Micro-SD y USB, escrituras públicas, certificados de pagos y otros documentos notariales. 

No obstante, el operador judicial indicó que al ser un juez de control de garantías no tiene como labor legalizar el material incautado. 

Mientras Osorio Berdugo y Molina Barranza no presentan antecedentes judiciales, hay que recordar que Castro Miranda fue capturado en agosto de 2022 como presunto miembro del 'Clan del Golfo', pero posteriormente fue dejado en libertad.

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Una persona quedó en libertad

Durante los operativos también se hizo efectiva la captura de Darwin Alexander Arzuza Beleño, de 43 años, pareja de Diana Patricia Molina Barraza quien tiene una sentencia condenatoria vigente por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas.

La Fiscalía indicó que durante el allanamiento al inmueble donde estaban estas dos personas, se encontró en un bolso de cuero una bolsa con 138 gramos de cannabis. Por este hecho fue detenido Arzuza, sin embargo, el juez de control de garantías entendió que la aprehensión se dio en el marco de una investigación por despojo de tierras, no por tráfico de drogas, por lo que no hay elemento que indique que esta persona comercia con estupefacientes. 

El operador judicial ordenó su libertad inmediata, el ente acusador apeló, por lo que se tomará una decisión en segunda instancia. 

La audiencia de imputación de cargos será el lunes 22 de abril a partir de las 10 de la mañana.