La Fiscalía General de la Nación presentó ante el juez de control de garantías al exalcalde de Berrecil, Cesar, Juan Rojas Hinojosa, por presuntos actos de corrupción en la contratación para la construcción del sistema de alcantarillado local.  

“Se obtuvo evidencias y elementos materiales probatorios que dan cuenta de irregularidades en el proceso de contratación y en la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado, que a la fecha no se ha terminado ni ha entrado en operación”, expuso el ente acusador.

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Al proceso también fueron vinculados la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira.

Un fiscal de la Seccional Cesar les imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Los cargos no fueron aceptados.

Los hechos investigados -según la Fiscalía- iniciaron con la celebración de un contrato en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los $4.000 millones.

La Fiscalía estableció que el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra.

De esta manera, fueron pagados algo más de $1.449 millones por concepto del cambio total de la tubería.

“En las verificaciones se constató que sólo fue instalada el 75% de la red, por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los $269 millones. Asimismo, se detectaron pagos por $142 millones por excavaciones que no se adelantaron”, anotó la Fiscalía.

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En total, fueron entregados $411’236.063 al contratista por acciones no ejecutadas.

De otra parte, precisó el ente acusador, que fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo.

“En la actualidad, el contrato lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias de alcantarillado”, apuntó la Fiscalía.