El Instituto Nacional y Penitenciario, Inpec, negó tajantemente toda posibilidad de traslado de la cárcel de Ibagué a La Picota de Bogotá, al recluso Emilio Tapia, contratista del Estado preso por presunta corrupción en el caso de Centros Poblados.

Una solicitud en ese sentido había presentado la defensa de Tapia con el argumento de evitar entorpecer el proceso de negociación que adelanta con la Fiscalía.

El Inpec respondió que Emilio Tapia, oriundo de Sahagún, Córdoba, salió de La Picota por asuntos de seguridad y de orden disciplinario interno.

El regreso de este recluso podría hacer retornar las situaciones que motivaron el cambio de lugar de reclusión, y por ello el Inpec no admitió la petición.

Tapia también es considerado uno de los reclusos de gran poder adquisitivo, y podría mover influencias y tener beneficios prohibidos en prisión.

El Inpec argumenta, igualmente, que el traslado se dio bajo la legalidad de un procedimiento administrativo legítimo y no de un acto arbitrario.

Para finalizar, el Instituto se compromete en que garantizará la comparecencia del recluso Emilio Tapia ante la autoridad que lo requiera con el fin de no entorpecer los procesos de negociación que adelantan.