La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos en desconocimiento de varias normas y principios esenciales en la contratación pública.

De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó  públicamente la renuncia, la noche del 27 de febrero, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de  servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.

Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó  motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y por  instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de  ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.

En la investigación se estableció que, en apenas cuatro días, entre el 2 y 6 de marzo del año  en curso, fueron celebrados los 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, en aparente desconocimiento de requisitos legales como:

• Ausencia de certificado de insuficiencia o inexistencia de personal de planta para cubrir  las funciones que cumplirían los contratistas.

• Falta de justificación de la necesidad de contratar profesionales por prestación de  servicios.

• Uso de certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social desactualizadas, que  correspondían a periodos anteriores.

Para la Fiscalía, con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la  continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran  terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte.

Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la señora  Urrutia Ocoró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue  aceptado por la investigada.