Este lunes 8 de abril tuvo lugar una reunión entre la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para conocer en detalle el informe de la entidad de control fiscal sobre el manejo de los dineros públicos por parte de las EPS.

Tras conocer los detalles del estudio de la Contraloría, la Fiscalía anunció que abrirá una noticia criminal por posible corrupción de las entidades prestadoras de salud con los dineros pagados por medio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que entrega el Estado por cada afiliado.

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Dentro de esta investigación, también se analizarán los presupuestos máximos que transfiere la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para los servicios y tecnología que no se cubren con la UPC.

La Fiscalía conformará un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos de las Delegada para las Finanzas Criminales, Delegada contra la Criminalidad Organizada y Delegada para la Seguridad Territorial, para que adelante esta indagación.

Según la Contraloría, las EPS habrían utilizado 9 billones de pesos de la atención a sus usuarios en compras de inmuebles, aprobación de préstamos multimillonarios, adelantos de pagos, saldar multas e intereses moratorios y gastos administrativos que superan lo aprobado legalmente.

Este suceso se da una semana después de que la Superintendencia de Salud interviniera EPS Sanitas y la Nueva EPS.