El CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron a 18 personas que presuntamente conformarían una banda denominada como ‘Los buena suerte’, dedicada al chance ilegal en departamentos como Magdalena, Atlántico, Cesar y Bolívar. 

Según las autoridades, estas capturas se suman a 11 capturas más en el 2022 y esta organización criminal estaría liderada por un hombre  apodado como ‘Juanchito’. 

Según las investigaciones, este hombre habría montado presuntamente una organización paralela a la legal para no pagar impuestos y en ocasiones tenía ganancias superiores a las que generaban las concesiones entregadas por las gobernaciones y que debían ir directamente a las arcas públicas. 

El desfalco superaría el medio billón de pesos.

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"Mientras las arcas de las gobernaciones cada vez estaban más vacías, las de ‘Juanchito’ se llenaban sin cesar",  afirmó el abogado Jhony Mena, asesor jurídico de los departamentos en esta cruzada en contra de la ilegalidad .

Según las autoridades, la banda de los "Good luck", en español los "buena suerte", tenía una central de comunicaciones de alta tecnología que se comunicaba desde Barranquilla permanentemente con sus operadores en toda la región y que competían con los vendedores legales de chance en las calles de los municipios de la Costa Caribe. 

"Eran indetectables" sostuvo el abogado, quien añadió que los dineros ilícitos que entraban a raudales, engrosaban las operaciones de microtráfico, robo de combustibles, trata de personas, en una espiral criminal que convierte a estas bandas en organizaciones de alta peligrosidad que de no ser desmanteladas desestabilizarían al Estado. 

"Estamos ante un fenómeno que suma todas las modalidades de delito en una, un monstruo de mis cabezas", sostuvo Mena al explicar el tamaño de la operación judicial .

Los juegos de suerte y azar son un monopolio que la ley le concede a los departamentos, estos a su vez los entregan a través de licitaciones públicas a privados que los explotan y que con espejos legales transfieren automáticamente las utilidades a las gobernaciones para que estas sostengan el sistema de salud que cada vez es más precario. 

Las capturas de estas personas fueron legalizadas ante un juez de control de garantías.