La Sala de Casación Penal y la Sala de Decisión de Tutelas número dos de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo definitivo que invalida por completo un proceso de tutela que buscaba reactivar penalmente una serie de homicidios ocurridos en la Universidad del Magdalena entre 2000 y 2002, y de los que se pretendía señalar al entonces rector de la alma mater, Carlos Caicedo Omar, actual Gobernador del departamento.

La decisión del alto tribunal marca el fin de un prolongado litigio legal que mantuvo en vilo a la comunidad jurídica, a la comunidad académica y a la opinión pública en general, no solo de la región sino del país.

La Corte Suprema fundamentó su decisión en un argumento muy particular: el abogado que representaba a las víctimas, autor de la tutela, no logró demostrar su condición ni identificar a cuáles víctimas representaba.

Esta falta de legitimación en la causa, llevó al rechazo inmediato de todas las solicitudes vinculadas al caso y, como resultado, se invalidó todo lo actuado desde el inicio del proceso de tutela.

La resolución adoptada anteriormente por la Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba el cierre de la investigación a favor de Carlos Caicedo Omar debido a la falta de pruebas que lo relacionaran con los homicidios en cuestión, ahora se considera firme e inmutable. 

La determinación de la Corte Suprema de Justicia pone fin al intento de revivir un caso que durante mucho tiempo fue objeto de análisis  e intensos debates que marcaron historia en sí mismo y tuvo muchos efectos colaterales en el ámbito político y judicial de la región.