Corte aprieta a empresas de préstamos digitales por cobros amenazantes
El fallo corresponde a una tutela interpuesta contra Lukiao App S.A.S.
La Corte Constitucional sentó un precedente importante de cara al funcionamiento de las empresas de préstamos digitales en Colombia y la forma en que estos cobran los mismos.
El fallo corresponde a una acción de tutela interpuesta contra Lukiao App S.A.S., que para exigir el pago de un préstamo visitó la vivienda de los padres del deudor con agentes, puso letreros en el piso de la entrada de su casa con mensajes alusivos al estado de la obligación.
Ubicó carteles que incluían la foto de la persona y lo señalaban de ser un deudor moroso en el barrio donde residía y en su lugar de trabajo, además de difundir el estado de su deuda en redes sociales.
"La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional revisó el caso y declaró la carencia actual del objeto por daño consumado en cuanto a la vulneración de los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data del actor, tras encontrar que Lukiao App hizo un uso ilegítimo de su derecho a cobrar las obligaciones mediante la implementación de estrategias amenazantes y difamatorias en contra del accionante", expuso la Corte.
El alto tribunal reconoce que la entidad tiene el derecho a reclamar el pago de su deuda, pero "los mecanismos de cobranza deben ejercerse de manera que no generen actuaciones arbitrarias, intimidatorias o difamatorias, y que cualquier divulgación de datos debe limitarse a las partes con un interés legítimo".
La sentencia ordena a Lukiao App S.A.S. cesar inmediatamente esas prácticas y adoptar medidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, reafirmando la responsabilidad de las plataformas de préstamos digitales de operar dentro de los marcos éticos y legales.
Además, remitió copias del proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue y actúe frente a posibles infracciones a los derechos del consumidor y violaciones al tratamiento de datos personales; y a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que revise las posibles implicaciones penales del caso.