El Consejo de Estado declaró civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, por el incendio del bus que dejó 33 niños y una adulta muerta, el 18 de mayo del 2014.

Además, el tribunal condenó a la Iglesia a pagarle a las familias de las víctimas más de $18 mil millones de pesos.

La Alcaldía y el Instituto de Tránsito deberán asumir cada uno, un 10% de la indemnización.

El Consejo de Estado publicó las indemnizaciones individuales, con la cantidad correspondiente.

"Dichas cantidades deben ser depositadas por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, prorrogables hasta por dos veces, esto es, máximo treinta días hábiles, y será administrada por la Defensora del Pueblo, quien estará a cargo de pagar las indemnizaciones individuales de quienes se hicieron presentes en el proceso, así como las indemnizaciones dispuestas en favor de los ausentes del proceso", indicó el Consejo de Estado.

"Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización, previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena", agregó.

Fallo sobre incendio de bus... by Zona Cero

La tragedia

El caso fue conocido en el país y en el mundo como ‘La Tragedia de Fundación’ cuando los niños eran transportados en un bus tras haber asistido a un culto de la iglesia pentecostal.

En el hecho también hubo 15 personas más heridas.

La información que se manejó en ese entonces indicó que el bus presentó una falla y, al parecer, el conductor se bajó para revisar y a su vez para tanquear el vehículo de gasolina de manera improvisada.

En ese momento, se generó una chispa que dio lugar a una conflagración que impidió que los niños salieran a tiempo originando una de las peores tragedias viales de la historia reciente en Colombia.

Perecieron calcinados 33 niños y una persona adulta. Sus cuerpos quedaron en condición no identificable por lo que tuvieron que ser trasladados a Medicina Legal, en Barranquilla, para las labores de identificación.

Algunos de los heridos fueron remitidos a clínicas de Barranquilla y Santa Marta para ser tratados por  las quemaduras que recibieron.

Por el caso, la Fiscalía judicializó al chofer del bus Jaime Gutiérrez Ospino y al pastor de la iglesia, Manuel Salvador Ibarra, quien contrató el servicio de transporte y en donde también murió su pequeña hija.

En primera instancia, los procesados permanecieron privados de la libertad en la cárcel Modelo de Barranquilla y el Juez Primero Penal del Circuito de Ciénaga en octubre del 2016 los condenó a 10 años y 11 meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Santa Marta anuló la sentencia porque se había calificado de manera incorrecta el delito.

Así las cosas, los dos quedaron libres en diciembre del 2017 porque el nuevo proceso, que quedó en manos del Juez Tercero Penal con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, no había culminado el juicio y se habían vencido los términos.

Sin embargo, en diciembre del 2018 el juez en mención los condenó a 12 años de prisión domiciliaria.