El Consejo de Estado ratificó una condena contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, que deberá reparar con $300 millones a la familia del sargento de la Policía Luis Alberto Erazo Maya, quien permaneció 12 años en poder de las FARC, tras la toma guerrillera a la estación de Curillo (Caquetá).

Con esta decisión se confirma el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, que halló al Ejército responsable del daño por riesgo excepcional, que se produjo luego el operativo militar en enero del 2011, que pretendía el rescate de este y otros uniformados que permanecían cautivos.

Sin embargo, la corporación judicial absolvió de responsabilidad a la Policía que, en primera instancia, había sido hallada responsable de una falla en el servicio, originada por las circunstancias en la que se produjo el secuestro.

La decisión obedece a una demanda que interpusieron los familiares de la víctima y el propio sargento Erazo, quien falleció hace dos años. 

Según el Consejo de Estado, el Ejército fue responsable por las lesiones que sufrió la víctima directa, porque sí conocía que los secuestrados eran miembros de la fuerza pública no debió “improvisar un rescate y entrar en una confrontación armada cuando de antemano se conocía que estaban exponiendo la vida de estas personas”. 

“La forma en que se desarrolló el operativo fue negligente y no minimizó los riesgos. Si los militares que ejecutaban la “Operación Júpiter” no hubieran ido al campamento guerrillero, la víctima directa no hubiera sufrido las lesiones”, dice también la sentencia de los magistrados.

Dados estos hechos el sargento Erazo perdió el 36 % de su capacidad laboral, y por ello se interpuso la demanda de reparación contra las entidades del Estado por parte de la familia y el propio Erazo, en la que se determinó que el Ejército es el responsable directo por la ejecución de la operación de rescate.