A raíz de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de cerrar de manera temporal su sede en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, luego del  secuestro de tres funcionarios de la entidad por parte de alias ‘Gonzalito’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en esa región; el alcalde de la población, Mario Eliécer Sierra, afirmó que aunque sienten mucho lo sucedido, los procesos de miles de víctimas están viendo afectados por la decisión del ente investigador.

Al ordenar el cierre en el municipio, la Fiscalía trasladó el despacho a Medellín, donde afirman pueden atender a los usuarios de la justicia de la localidad.

“En Tarazá hay cerca de 25.000 víctimas de toda índole, de desplazamiento, homicidios, de una cantidad de situaciones, entre otras, llevarse a la Fiscalía no le va ha permitir a las personas llevar seguimiento a los mismos”, dijo el mandatario en declaraciones a Blu Radio.

El funcionario consideró también que la decisión de la Fiscalía fue “totalmente desacertada”, ya que pone en riesgo la tranquilidad y el buen funcionamiento de la seguridad con la que venía el municipio hasta antes de ocurrir el secuestro de los funcionarios de esta entidad.

“Nosotros vemos con mucha preocupación y vemos desacertada la decisión por parte de la Fiscalía, porque no es la comunidad la que debe pagar los sacos rotos”, agregó.

Por ahora, los funcionarios se encuentran en Medellín para continuar con el proceso de atención y protección, mientras que en Tarazá, esperan que todo se solucione lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad.

De otro lado, la Fiscalía lamentó que esto sucediera en uno de los 170 municipios priorizados por ser de los territorios más afectados por el conflicto armado, y que cuenta con atención primaria frente a casos como este.