El líder social colombiano Edis Manuel Caré Pérez, que había recibido amenazas de muerte, fue asesinado en una zona rural del municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, informaron este miércoles organizaciones de la zona.

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu) informó en un comunicado que Caré fue asesinado el pasado lunes por "dos hombres de civil fuertemente armados (que) irrumpieron en la vivienda del líder", ubicada en el caserío Villa Nueva.

Detallaron que los desconocidos "procedieron a ultimarlo con seis disparos cuando se encontraba descansando en compañía de su esposa y sus hijos".

Caré, de 65 años, era presidente del Consejo Local de la comunidad de Despensa Media (Consejo Comunitario de Curbaradó), residía en Villa Nueva y "recientemente había recibido amenazas de muerte por su ejercicio de liderazgo", según Cocolatu.

Las Naciones Unidas han manifestado su preocupación "por la continuidad de los homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC" este año y alertaron que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. ha documentado 33 masacres en 2020 en Colombia.

Igualmente está siguiendo 97 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales ya verificó 45.

Cocolatu explicó que en abril pasado habían advertido "sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques (...) por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales".

"Lo anterior evidencia una estrategia sistemática por parte de terceros y grupos armados ilegales para obstaculizar la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras en favor de la comunidad y de entorpecer nuestra participación como víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, más aún cuando hemos sido acreditados en el marco del Auto 004 de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)", aseguran.

La JEP acreditó en mayo pasado como víctimas a 20.000 afrocolombianos en el "Caso 04" que investiga los hechos del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en la región de Urabá, que abarca parte de los departamentos de Antioquia y Chocó.

Sobre el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó, integrado por 48 comunidades y aproximadamente 5.803 personas, la JEP se centró en los hechos ocurridos durante 1996 y 1998 cuando tuvo lugar en ese territorio la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presuntamente en coordinación con miembros del Ejército.

EFE