La Fiscalía informó que materializó en La Guajira la orden de captura que pesaba contra el líder wayúu Javier Rojas Uriana, investigado por el desvío de 1.000 millones de pesos de un programa de fortalecimiento de economía tradicional, que beneficiaría a 200 familias de esa comunidad indígena.

 Según explicó la entidad, Rojas Uriana es investigado por presuntos hechos de corrupción que afectaron los recursos públicos, así como la calidad de vida de los pobladores de la comunidad nativa.

"La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Seccional de La Guajira,  permitió evidenciar la presunta apropiación de por lo menos $1.000 millones de un convenio de $2.223 millones, celebrado entre la Asociación Shipia Wayúu,  cuyo representante es el hoy procesado, y el Incoder,  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, entidad que aportó $1.448 millones del total", informó la Fiscalía.

Para el ente investigador,  "el objeto del convenio de realizar el proyecto de desarrollo rural con una aplicación del enfoque étnico diferencial a favor de 31 comunidades del pueblo Wayúu, que integran 200 familias organizadas en la Asociación de autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayúu, para el fortalecimiento de la economía tradicional en el resguardo de la alta y media Guajira. Sin embargo, además del posible desvío de los recursos se habrían presentado irregularidades en la ejecución y liquidación del citado convenio".

Y añade: "Por estos hechos el ente acusador le imputó cargos a Javier Rojas Uriana por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público".

El Juez de Control de garantías de Riohacha que conoció el caso avaló los argumentos de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el investigado.